La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de México miente respecto a las responsabilidades que le corresponden sobre el derrumbe del edificio de San Antonio Abad 124. Con documentos y fechas expuso cómo es que otorgaron facilidades de gestión para el derrumbe de edificios dañados por el sismo de 2017 y advirtió que, no solo en el caso de San Antonio Abad, sino varios edificios más en la Cuauhtémoc, que además no cuentan con visitas de verificación del INVEA por falta de personal.
¿Qué dijo la alcaldesa sobre los trámites y autorizaciones para la demolición de inmuebles?
En una larga exposición refirió cómo la Comisión para la reconstrucción estableció un acuerdo de facilidades para la demolición y reconstrucción de inmuebles, con el cual se eximen trámites, permisos y autorizaciones, respecto de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que cuestionó Rojo de la Vega.
“Dicho en palabras simples, pueden tirar un edificio sin cumplir con los requisitos básicos de seguridad. Es riesgoso? sí, es peligroso? también, pero fue una decisión del Gobierno de la ciudad, de nadie más”.
Refirió que, desde septiembre de 2025 se notificó de la intencion de demoler el edificio de San Antonio y la alcaldía pidió que subsanaran algunos requerimientos; sin embargo, el 20 de octubre, la Secretaría de Vivienda les informó que había otorgado facilidades a la empresa para la demolición en San Antonio y otros edificios más.
Rojo de la Vega lamentó que haya cientos de visitas de verificación sin ejecutar por parte del INVEA.
“En la Cuauhtémoc, hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. Qué creen? en seis de ellas no nos han dejado verificar la razón, que porque tienen acuerdo de facilidades, sólo el Gobierno de la ciudad puede verificar esas obras, sólo ellos, aquí están los oficios y las pruebas, cómo se atreven a decir que era nuestra responsabilidad?”.
Indicó que en edificios de la alcaldía, como Amsterdam número siete o Minatitlán número cuatro, también cuentan con estas facilidades para su demolición, pero no se les están realizando visitas de verificación por falta de personal en el INVEA, por todo ello insistió en que la responsabilidad de este derrumbe, que costó la vida de tres trabajadores, recae en el Gobierno capitalino.