El pleito entre el Gobierno capitalino y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el derrumbe del edificio de San Antonio Abad 124, continúa, responsabilizandose mutuamente por la autorizacion del derribo de la construcción que costó la vida de tres personas.
Luego que la alcaldesa exhibió un documento con el que asegura negó la demolición por no contar con requisitos en materia de protección civil, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, retomó este documento asegurando que en realidad no fue una negativa a la demolicion.
“Ese documento, si se lee con cuidado es otra cosa, se trata de la respuesta, una solicitud del trámite llamado publlicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición, en ese documento se le solicita a la empresa entregar planos subsanar observaciones, entregar memorias, técnicas y otros documentos, dándole para ello, cinco días hábiles, sin negarle la licencia en ningún momento, lo anterior significa que al menos por lo que ese documento dice, no sabemos si la alcaldía negó en ese momento la licencia o si la otorgó después tal vez sí, o tal vez no lo haya hecho, al final, la alcaldía deberá informar sobre esa contradicción sobre lo que hizo sobre lo que no hizo si verificó o su permiso, la obra, o si no lo hizo”.
El secretario insistió que legalmente el permiso debió haberlo dado la alcaldía como lo establecen sus responsabilidades en la Ley de Alcaldías y la misma Constitución de esta ciudad.
Tras el incidente ocurrido en el inmueble, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó de inmediato acciones de atención y rescate para analizar técnicamente las áreas de riesgo y acometer.
El funcionario indicó que el Gobierno capitalino ha brindado acompañamiento y apoyo integral a las familias de las víctimas, incluyendo atención psicológica, hospedaje y asistencia inmediata, y aseguró que se vigilará que reciban las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la instancia encargada de realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.