El Congreso capitalino solicitó a la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior capitalina realicen una intervención forense de los contratos que la Alcaldía Cuauhtémoc ha establecido con una serie de empresas dedicadas a la construcción y administración de inmuebles, ante la sospecha de que se llevaron a cabo simulaciones de licitaciones en el año 2025, por parte de la administración de Alessandra Rojo de la Vega, para beneficiarlas.
Se trata de las empresas:
- Carbonusa S. A. de C. V.
- Desarrollo Urbano y Suministros TECNOVA S.A. de C.V.
- Alianza Comercialización y Construcciones S. A. de C. V.
- Grupo MEOR.
La diputada promovente de este punto de acuerdo, la morenista Leonor Gómez Otegui sostuvo que esta manera de actuar bajo un esquema de simulación le ha hecho mucho daño al país y agregó que los señalamientos a las tres empresas particulares es que habrían sido beneficiadas, a través de licitaciones simuladas, con más de 97 millones de pesos.
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“La Alcaldesa Rojo de la Vega, quien inició su carrera política en la oficina de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, aprendió de los mejores y aprendió bien. En lugar de licitar abiertamente como marca la ley, fraccionaron y simularon competencias, para entregar contratos millonarios a empresas que casualmente comparten los mismos apoderados legales y direcciones”.
Gómez Otegui recordó que no es la primera vez que la administración encabezada por Rojo de la Vega se ve envuelta en inconsistencias diversas, pues en el tiempo que lleva al frente de Cuauhtémoc, ha estado envuelta en escándalos que tienen que ver con donaciones que no cuentan con el procedimiento administrativo legal y que la propia alcaldesa atribuye a la buena fe de empresarios particulares.
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La legisladora destacó que ante los señalamientos, la Alcaldesa se ha escudado en decir que todos los contratos “son públicos y transparentes”. Sin embargo, detalló, tanto en el sitio web de la Alcaldía, como en la Plataforma de Transparencia, no hay información al respecto y los apartados correspondientes parecen haber sido inhabilitados.
Por tratarse de recursos públicos, dijo que es urgente la intervención de las autoridades correspondientes para determinar si hay o no responsabilidades administrativas que involucren a la titular de la Alcaldía.