El Gobierno de la Ciudad de México retiró más de 50 mil vapeadores y cigarros electrónicos de la vía pública como parte de un operativo realizado el pasado 9 de enero en el Centro Histórico.
La acción fue encabezada por la Secretaría de Gobierno. Tuvo como objetivo recuperar el espacio público y proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Durante el decomiso, autoridades aseguraron 50 mil 376 dispositivos que eran comercializados desde un puesto semifijo y una bodega ubicada en el Primer Cuadro de la capital.
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Estos productos fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal para su destrucción.
El Centro Histórico sin mercancía ilegal
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que no se permitirá la venta de productos prohibidos en esta zona emblemática de la ciudad. Subrayó que los vapeadores representan un riesgo grave para la salud, al señalar que una sola inhalación puede equivaler al consumo de varias cajetillas de cigarro en términos de nicotina.
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Brugada destacó que este aseguramiento se suma al retiro previo de 24 mil 572 artículos ilegales, como parte de una estrategia integral para erradicar el comercio ilícito en el Centro Histórico.
La ley no criminaliza a consumidores, asegura Alcalde Luján
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que el valor de la mercancía retirada asciende a aproximadamente 10 millones de pesos, considerando que cada dispositivo se vendía entre 150 y 200 pesos.
Además, durante el operativo fue detenido un hombre de 26 años, a quien se le aseguraron armas y presunta marihuana, quedando a disposición del Ministerio Público.
La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la reciente modificación a la Ley General de Salud establece un marco legal claro para prohibir la comercialización de vapeadores.
Aseguró que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas y generan adicción, además de afectar el desarrollo neurológico de menores.
Finalmente, la fiscal general Bertha Alcalde Luján reiteró que la ley no criminaliza a consumidores, pero sí combate el negocio y lucro de productos que dañan la salud. Las autoridades coincidieron en que estas acciones refuerzan el derecho a la salud y la recuperación del espacio público en la Ciudad de México.