La reforma de salud que reglamenta la prohibición de vapeadores y contempla prisión de hasta ocho años para quienes importen, exporten, vendan, distribuyan, almacenen y promuevan el uso de esos artefactos complicará más la problemática, advirtió el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
El congresista subrayó que la forma confusa en que los legisladores del bloque mayoritario quisieron arreglar la iniciativa de la Presidenta, no deja del todo claro si los consumidores de vapeadores serán criminalizados o no.
Prohibición de vapeadores mal reglamentada favorecerá al crimen organizado: PRI
Moreira Valdez defendió su postura al indicar que estudios de instituciones como el Colegio de México, sobre el consumo de cigarros, confirman que una regulación mal planteada en el caso específico de los vapeadores y los cigarros, favorece al mercado negro y por añadidura, a los grupos del crimen organizado que lo emprenden.
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Recordó que los cambios a la Ley General de Salud que entre muchos otros elementos incluyeron la reglamentación de la prohibición a los vapeadores, prevé sanciones privativas de la libertad que no debieron integrarse a esa norma, sino al Código Penal Federal.
Manifestó que crear delitos en lugar de atender de manera integral las adicciones, le simplifica el trabajo a la delincuencia organizada y complica la intervención del Estado ante el consumo de productos como los vapeadores, cigarrillos electrónicos y artefactos similares.
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Añadió que haber establecido en la ley conceptos como el de “otros dispositivos análogos”, abre la puerta a arbitrariedades y a que se meta en esa categoría indefinida cualquier otro tipo de objeto y en consecuencia, se criminalice a los usuarios o portadores.
“Pero creo que la solución de meter a la cárcel a la gente y de generar delitos en lugar de arreglar las cosas, las complica”, advirtió, tras pronunciarse en contra de medidas punitivas frente a problemáticas complejas y de salud como las adicciones.
Citó el estudio hecho por El Colegio de México, a través de especialistas que pertenecen al Seminario de cultura de paz, donde se analizó el tema de los cigarros y se confirmó que los más beneficiados con la prohibición de vapeadores serán los delincuentes organizados.
“Para que no digan que uno está exagerando, ahí viene en el estudio cómo los grupos criminales se fondean vendiendo cigarros ilegales e incluso fabricándolos y cómo hay pueblos completos que el crimen organizado distribuye cigarros”, sospechó que con la complacencia de la industria tabacalera y de autoridades locales.
El estudio del Colegio de México, abundó, también señala que la prohibición de los vapeadores permitirá a los cárteles de crimen organizado llevar esos productos a sectores como mercados y escuelas y zonas que impliquen mayores ventas entre públicos como niños y adolescentes.
La publicación, abundó el parlamentario, añade que los vapeadores son utilizados para marcar los territorios de distintas organizaciones criminales que les ponen sus sellos e identificadores, aunado a que se ensanchará la puerta para la extorsión.
Agregó que si en lugar de prohibir los vapeadores, se hubiese aplicado un impuesto similar a los cigarrillos convencionales, el Estado podría generar una recaudación de hasta 46 mil millones de pesos al año.
Indicó que en el análisis en el cual participó el experto en temas de seguridad y crimen organizado y periodista Óscar Balderas, así como Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil de litigio estratégico denominada “Defensorxs”, destaca que la venta de cigarros falsos le deja al crimen ganancias de aproximadamente 20 mil millones de pesos al año.
Ello, aunado a que esa actividad beneficia en especial a siete cárteles u organizaciones delictivas que aprovechan las prohibiciones para incrementar las ventas ilícitas.
Ley mal hecha
El coordinador de los priístas en San Lázaro insistió en que las reglas para ejercer la prohibición de los vapeadores están mal hechas, mal planteadas y mal enfocadas, porque el prohibicionismo no ha derivado en la reducción del consumo de los elementos vetados.
“El tipo penal está mal redactado, tiene 17 verbos, dice que aquellos productos análogos, y en derecho penal es muy peligroso decir: y aquello que se le parezca, porque se puede parecer todo. Luego lo tratan de arreglar y lo revuelven más, porque dice: no, el que consuma, al que esté consumiendo no lo van a castigar, pero no se entiende eso. Porque primero está mal fraseado, es repetitivo. Segundo, es un delito que está en la Ley de Salud cuando yo creo que los delitos deben estar en el Código Penal”, refrendó.
Señaló que pudiendo consultar a expertos en asuntos penales para perfilar un tipo penal bien planteado, la mayoría en el Congreso decidió avalar una norma que podría complicar en todo sentido el combate al mercado negro de vapeadores y cigarros, aunado a que la norma establecida no va acompañada de una política pública de atención a los consumidores de los productos en cuestión.