La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) analiza testimonios y videos que implican a la modelo argentina Ximena Ch. llamada “Lady Racista”, luego de la denuncia presentada por el policía de tránsito que fue víctima de discriminación y tratos vejatorios por esta mujer.
El ministro publicó íntegra la carpeta de investigación, por lo que existe la posibilidad de que ordene la comparecencia de la implicada, para que rinda entrevista (declaración) respecto a los hechos difundidos en redes sociales.
Sin embargo, ante la contundencia y evidencia de los hechos, la Fiscalía estaría en condiciones de judicializar el caso y llevar ante los tribunales a la modelo argentina.
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Autoridades de la institución señalaron que el representante social está en espera de los dictámenes periciales que sustenten los agravios ocasionados por el posible acto de discriminación ejercido por Ximena Ch. en contra del uniformado.
Informes del caso refieren que los hechos ocurrieron la semana pasada, luego de que el policía y su compañero colocaron un candado en el auto de la mujer por exceder el tiempo autorizado por el parquímetro, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
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Los tratos vejatorios y las menciones racistas y discriminatorias están contemplados en el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México. Además, el ministerio público está en condiciones de emitir medidas de restricción a efecto de que la acusada no cause algún daño o perjuicio al denunciante.
La legislación señala: “a quien por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas… se hará acreedor de uno a tres años de prisión, de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días”.
Será en los próximos días cuando el ministerio público determine si existen los datos de prueba suficiente para judicializar el caso.
De ser así podría solicitar una orden de aprehensión o en su caso una orden de comparecencia ante la autoridad judicial, pero debido a la actitud y la violencia verbal, el representante social podría solicitar la orden de captura y con ello evitar que la sospechosa se sustraiga de la acción de la justicia.
@amarilloalarcon