La diputada local de Morena, Leonor Gómez Otegui, presentó una propuesta para reformar el Código Penal de la Ciudad de México y derogar las excusas absolutorias del encubrimiento cometido recurrentemente por familiares de los presuntos agresores y también se les acuse por complicidad exponiéndose a ser acreedores a la misma pena del que cometió el ilícito.
Al presentar su propuesta la legisladora señaló que esta idea surgió de la impunidad en que permanece el asesinato del joven Pato Illescas, quien habría sido golpeado por sus amigos a las afueras de un bar en la Ciudad de México en 2023, lo que le provocó la muerte, y que sus presuntos agresores se dieron a la fuga con ayuda de sus padres y esta acción no puede sancionarse por cómo se encuentran las leyes.
“Justamente el artículo 321 del Código Penal establece que si es tu familiar tienes razones para encubrirlo y la ley no te inculpa por encubrir. Lo que estamos pidiendo es que si tu escondes a un delincuente pues seas cómplice de lo que él delinquió porque a fin de cuentas en eso te conviertes, en cómplice”.
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Agregó que al excluir a ciertos individuos con vínculos emocionales se crea un vacío legal que puede ser aprovechado para obstaculizar procesos judiciales y proteger a los responsables de delitos, lo que deriva en que la víctima o víctimas no tengan un verdadero acceso a la justicia.
Gómez Otegui explicó que su propuesta también contempla una sanción de 2 a 8 años de prisión y de 500 a mil días de multa para cuando el delito que sea encubierto sea por homicidio de padres a hijos, feminicidio, transfeminicidio o de índole sexual.
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Señaló que no solo es el caso del joven Illescas, hay cientos de casos públicos en donde la víctima se encuentra con obstáculos en la impartición de justicia, debido a que el presunto delincuente se encuentra prófugo, gracias a las facilidades que encuentra en familiares, amigos, pareja o su abogado para escapar.
Por ello presentó una iniciativa para derogar el Artículo 321 y se reforma el artículo 321 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, la cual fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México.