En el Congreso capitalino avanza la obligatoriedad de que antes de hacer modificaciones a la ley se lleven a cabo consultas a las personas directamente afectadas con sus resoluciones.
Ese fue el sentido de la opinión de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y así dar respuesta a la acción de inconstitucionalidad 135/2021, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a consultar a personas con discapacidad en materia testamentaria.
La opinión favorable con modificaciones, fue respecto a la iniciativa que prevé reformar el Código Civil para el Distrito Federal en materia de testamento de personas con discapacidad, suscrita por el diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres.
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De esta forma se apoya la propuesta en torno a normas incluyentes que permitan que las personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje puedan obtener el testamento público abierto por medios electrónicos.
La diputada María del Rosario Morales Ramos presidenta del órgano colegiado indicó que, el legislador promovente del instrumento legislativo había propuesto eliminar de los artículos 1520 bis y 1520 ter los preceptos violatorios a los derechos de las personas con discapacidad.
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Sin embargo, la Corte determinó que el Congreso local no realizó una consulta pública, abierta y regular para conocer la opinión de este grupo poblacional, así como para conocer sus necesidades reales.
En este sentido, en la opinión del órgano colegiado se indica que “esta comisión opinante considera fundamental que, al momento de que la comisión dictaminadora determine la procedencia o improcedencia de la iniciativa materia de análisis, se tenga en cuenta la obligación.