El Jefe de Gobierno, Martí Batres, celebró que este día se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma a la Constitución local en materia de derecho a la vivienda y preservación de las Unidades Habitacionales.
Con ello, aseguró que los programas que existen para el apoyo a estos espacios ya son un derecho en la ley se les otorguen recursos públicos para sus mejoras, sin embargo advirtió que esto no exime a la ciudadanía de sus obligaciones como condóminos.
“Enviamos una iniciativa al Congreso de la CDMX para incorporar a la Constitución local el derecho de los habitantes de las unidades habitacionales a contar con un presupuesto público para reforzar las tareas de mantenimiento y mejoramiento de las unidades habitacionales. Por supuesto, eso no elimina derechos y obligaciones de los condóminos que se tienen que seguir organizando”.
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Batres Guadarrama hizo un recuento histórico de la evolución de las unidades habitacionales destacando que en la década de 1990, tras los sismos de 1985, cobraron fuerza y sus habitantes empujaron peticiones para recibir apoyo de las autoridades locales que comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Justificó su iniciativa al advertir que en el año 2000 se hablaba de la existencia de 2 mil Unidades Habitacionales y hoy se tiene un registro de alrededor de 11 mil 500, que albergan a una gran cantidad de los habitantes de la capital y por lo tanto también generan un gran número de situaciones a enfrentar.
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“Nos vamos aproximando cada vez más al hecho de que en las unidades habitacionales vivan casi la mitad de la población de la CDMX es decir no podemos ignorar esa realidad. En esas unidades habitacionales está gran parte de la ciudad, muchas de esas unidades habitacionales son ciudades dentro de la ciudad y tienen un conjunto de problemas que son parecidos a los que ocurren en las calles, colonias, pueblos y barrios”.
Este anuncio lo realizó en la unidad habitacional más grande de la ciudad, El Rosario, donde aprovechó para celebrar que otra de sus iniciativas también fue aprobada, en la que se incorporan los comedores comunitarios en las obligaciones que contempla la Constitución de la Ciudad de México a sus gobernantes.