Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México, en materia de reforma al Poder Judicial y de esta manera alinear la normatividad local al mandato federal.
El pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Carta Magna en materia de reforma al poder judicial, y se establece un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones que se requieran a las constituciones locales.
La diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya aseguró que esta reforma transformará al Poder Judicial, haciéndolo más cercano, humano y accesible para todas y todos, “con un sólido compromiso con la justicia”, en particular con los sectores vulnerables y con equidad de género, e igualdad de mujeres y hombres en los puestos clave, que serán electos con procesos transparentes, y con una renovación escalonada en los cargos.
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La diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández mencionó que por primera vez la ciudadanía participará activamente en la construcción de un Poder Judicial que atienda las necesidades de las y los mexicanos; específicamente se elegirán 374 jueces y juezas, y 79 magistradas y magistrados, bajo el principio de paridad de género, por estas razones señaló fundamental apoyar el dictamen.
En oposición al proyecto el congresista de MC, Royfid Torres González sostuvo que “la democracia va más allá de la simple elección popular”, al recalcar que si no hay una reforma integral de poco puede servir este cambio, pues la Constitución capitalina fue generada a través de muchos esfuerzos y no se debería seguir un diseño constitucional que tiene muchos errores como lo fue la reforma judicial federal.
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Advirtió que en su momento se presentarán reservas para mejorar los mecanismos de transparencia y de requisitos para la elección.
Postura similar asumió el diputado del PAN, Diego Garrido López, quien afirmó que la reforma judicial a nivel federal “nació viciada de origen” y que esta reforma es la continuidad del mismo proceso, por lo que votaría en contra de la misma, y que la elección de jueces y magistrados será una simulación, la ser direccionada por un grupo político, además de que la reforma se realiza “a marchas forzadas”.
Sin embargo la coordinadora de la bancada morenista, Xóchitl Bravo Espinosa dijo que las cosas deben transformarse para bien, porque cuando se revisan el fondo de las agresiones a las mujeres, como la violencia vicaria, en todo el país, esta violencia viene de quienes fomentan la violencia, de quienes dejan salir a homicidas de la cárcel y hacen todo lo necesario para que a los violadores no se les penalice, y es el poder judicial en cualquiera de sus denominaciones, y este era el único poder que no estaba sometido al escrutinio de la gente.