El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el dictamen que endurece los castigos al delito de extorsión así como el llamado secuestro exprés contemplados en el Código Penal local, sin embargo desde el PAN se advirtió que el dictamen tiene omisiones que podrían generar injusticias.
La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, subrayó que la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contribuye a garantizar la seguridad de toda persona que sufre de este delito pues se crea una Fiscalía especial así como la creación de un cuerpo específico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder investigarlo, además, crea un padrón de todos los números telefónicos, desde donde se mande algún mensaje para poder extorsionar.
“Hoy a todas aquellas personas que tengan la intención de extorsionar, les queremos decir que se les ha acabado su forma de vida, porque hoy la extorsión en esta ciudad es un delito, la extorsión en esta ciudad hoy se castiga de manera más severa, la extorsión en esta ciudad no va a tener tregua. Hoy estamos abonando a la progresividad a la Seguridad de la ciudadanía”.
El dictamen modifica los artículos 148 quinquies y 163 bis del Código Penal para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento o intimidación, así como a quien cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Pero el diputado panista, Ricardo Rubio, advirtió excesos como es el caso del castigo al hostigamiento pues no se especifica claramente hasta donde puede ser sancionada una exigencia.
“Si a usted le deben dinero y usted de manera álgida le pide a una persona que le debe que por favor le pague, esa persona, va a decir ‘me está hostigando’ entonces conforme al artículo 148, Quiques de 10 a 15 años, a quien me cobre una deuda, por favor...
No está definido en el Código Penal, que es un hostigamiento, alguien dígame qué es hostigar si no lo definimos en el Código, se presta a que cualquiera por un mensaje de WhatsApp o de cualquier medio que reclame una deuda a otro caiga en un supuesto hostigamiento y un juez diga ‘eso es cobranza ilegítima’ y te vas a la cárcel de 10 a 15 años de prisión”.
Sin embargo las observaciones que presentó para modificar el dictamen no fueron aceptadas y se aprobó en sus términos.