Un cateo efectuado la semana anterior en un inmueble en la alcaldía Benito Juárez, generó una denuncia penal ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la FGJ, en contra de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por actos posibles delitos de robo, abuso de autoridad, omisión de pruebas y siembra de pruebas.
En la denuncia penal del 21 de agosto se detalla que elementos de la SSC y FGJ, ambas de la capital del país, detuvieron a cinco personas y las señalan de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada, directamente al Cártel Jalisco Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la continuación de audiencia celebrada este lunes en el Tribunal Superior de Justicia, los detenidos informaron al juez que los agentes policiales incurrieron en actos de tortura, abuso de autoridad, e incluso desaparición de objetos del inmueble y “siembra” de pruebas como droga y armas.
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El cateo con orden judicial tuvo lugar en un edificio marcado con el número 370, de la calle La Quemada, colonia Narvarte.
Se informó que en ese sitio se detuvo a los implicados con objetos materia de delito como posible droga y armas.
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Relataron ante el juez de control que los agentes también ocultaron y no entregaron documentos hallados en el cateo, que acreditan la portación y posesión de las armas.
Además, señalaron, en la casa estaba el permiso otorgado por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento, agregaron, avala la legal portación y posesión de una pistola, marca Pietro Bereta, calibre .380 automática, con número de folio, A3674420, a nombre de Onibas Valdés Vargas, registrada el 8 de marzo de 2021.
“Otra de las pistolas localizadas fue presentada ante esa misma Secretaría castrense como una donación, pero hasta el momento no les han entregado la acreditación y la mantenía en su domicilio, dichos documentos no los presentaron los policías responsables del cateo”, dijo la defensa de los detenidos.
En cambio, sí obligaron, por medio de amenazas y tortura, a los detenidos para desbloquear sus teléfonos celulares sin contar con autorización legal, y de ahí sustraer materiales de videos que fueron manipulados para hacer creer que los detenidos pertenecen a un grupo criminal que opera en Jalisco.
La Fiscalía de Servidores Público inició por este caso la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/03110/08-2023 con base en la cual indaga a los policías por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, entre otros delitos.
Recientemente han ocurrido otros casos de ejercicio abusivo de funciones que ha derivado en la separación de policías y agentes del ministerio público y en algunos casos consignados ante jueces penales.
Por ejemplo el 1 de julio cinco policías del sector Morelos irrumpieron ilegalmente en un domicilio donde golpearon a personas, “sembraron” evidencia y sustrajeron objetos, por lo que los agentes fueron detenidos.