El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició el proceso de revisión de las solicitudes que entregaron habitantes de Xochimilco para exigir la revocación de mandato del alcalde José Carlos Acosta.
La Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y el comité promotor de Ciudadanos y Organizaciones por la Revocación de Mandato en Xochimilco, informaron que entregaron en tiempo y forma las firmas que recolectaron como marca la ley.
De esta manera, después de verificar que se haya reunido el número establecido por la ley, la autoridad verificará su autenticidad, es decir, que no haya anomalías en los registros, que sean personas habitantes de la demarcación y que no se hayan presentado firmas de personas fallecidas.
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De cumplirse todos los requisitos legales, se dará un plazo de 50 días para que los vecinos puedan promover la revocación de mandato, a fin de que la consulta se realice el 27 de agosto de este año.
Alejandro Velázquez, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, que logró entregar alrededor de 5 mil firmas, destacó que los vecinos están en contra de la represión y violencia que ejerce el alcalde contra los pobladores y las organizaciones que se oponen a proyectos que afectan la región.
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“En realidad fue la represión que hubo en San Gregorio Atlapulco el 2 de diciembre cuando se mandaron a los granaderos y hubo agresiones, destrucción de viviendas y automóviles; la policía golpeó a mujeres de la tercera edad”, afirmó.
Por su parte, Juan González Romero representante del comité promotor de Ciudadanos y Organizaciones por la Revocación de Mandato en Xochimilco, dijo que lograron reunir más de 30 mil firmas, por lo que esperan que al sumarse a las que presentó el otro grupo se alcance el 10 por ciento de la lista nominal de la alcaldía.
“Si ellos metieron más de 10 mil, 15 mil firmas, creo que el proceso va a continuar, si ellos metieron menos de 8 mil, 7 mil firmas, lo veo muy complicado”, señaló.
La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa que sirve para que los ciudadanos remuevan de su cargo a una persona funcionaria electa, antes de que termine su gestión.