El titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de Servidores Públicos por la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, promoción de conducta ilícita, cohecho y distracción de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude, todo en pandilla.
El asesor jurídico de los transportistas de los transportistas, 84, 91 y 12, Arturo Toscano, informó que el secretario de Movilidad posiblemente incurrió en esos ilícitos al favorecer a empresas fantasmas para el desvío de recursos y la compra de autobuses sin la participación de los concesionarios que levítame te han trabajado las rutas de Culhuacán, Las Águilas y Xochimilco.
Durante una protesta efectuada en frente a la sede del Gobierno capitalino, sostuvo que el funcionario y un grupo de particulares, incluidos en la denuncia, conformaron el denominado Cartel del Transporte
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El penalista detalló el mecanismo del supuesto desvío de recursos -450 mil pesos-, el cual estaba destinado para la entrega directa a los transportistas y concretar él proceso de renovación de las unidades, sin embargo la mecánica fue distinta.
“El secretario de movilidad, Andrés Lojous Loaeza, consintió, acordó, organizó y ejecutó que empresas fantasmas que no representan a los beneficiarios se hicieron a través de engaños, representantes de los beneficiarios y tomaron los 450 mil pesos de cada uno de los beneficiarios y esos recursos en total suman para las rutas 84,91 y 12 un total de 61 millones 200 mil pesos que se les entregó a través del secretario de movilidad y a través del fideicomiso a la empresa fantasma Autobuses Barrios Culhuacán”, indicó.
Señaló que con ese recurso, a través de su representante no reconocido, Ariel López Tapia, fue quien adquirió 224 autobuses nuevos en el estado de Michoacán, sin él consenso ni consentimiento de los transportistas.
“Dando un total de deuda de 158 millones, dónde está aquí el delito, dónde está aquí la conducta antijuridica, que cometieron el particular y el funcionario público, consiste en haber simulado una representación y haber sustraído recursos públicos, que habían sido asignados a los transportistas, y haber sido dirigidos a un particular”, puntualizó.
Los inconformes marcharon sobre Calzada San Antonio Abad hasta el Zócalo capitalino, para pedir a la jefa de gobierno que intervenga en este caso que su parecer está plagado de irregularidades.
Frente a la sede del gobierno, los inconformes pidieron justicia y que actos de corrupción no los deje sin trabajo ya que la entrada de particulares los despoja de su fuente de trabajo y del sustento de sus familias.
@amarilloalarcon