El Poder Judicial de la Federación (PJF) amparó a Enrique Bonilla Ruiz, una de las más de 100 víctimas lesionadas por el desplome en la Línea 12 del Metro, toda vez que autoridades de la Secretaría Salud de Ciudad de México violaron su derecho a la salud en la atención médica durante casi 2 años, lo que le generó una discapacidad de por vida.
La lesión es permanente en la pierna izquierda, la cual no tiene movilidad debido a que durante el colapso del tren de la Línea Dorada varios pasajeros le cayeron encima, situación que en el Hospital General de Balbuena no fue atendido adecuadamente.
Autoridad de Salud tuvo conducta omisa
El Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva, otorgó el amparo 562/2021 al considerar que existen datos suficientes para señalar que la autoridad de Salud de la Ciudad de México tuvo una conducta omisa y deficiente en la atención del afectado por el colapso de la Línea 12 del Metro.
El juzgador consideró que personal del hospital Balbuena se limitó a darle una atención “meramente paliativa”, que no corresponde a la magnitud del evento en el que se vio involucrado como sobreviviente del fatídico accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro.
Las autoridades de salud debieron no solo procurar atención médica exhaustiva y de calidad, sino dar intervención a especialistas en ortopedia y psicología a efecto de descartar lesiones, a consecuencia del evento y sus repercusiones pos traumáticas por un accidente de tal magnitud, pero no lo hicieron.
Derecho humano a la salud
El asesor jurídico de la víctima, Teófilo Benítez, destacó que de mayo de 2021 a la fecha la autoridad judicial federal tuvo que salir a la defensa de los derechos humanos de Enrique Bonilla, y no por la autoridad local, que rehusó a otorgarle la atención que requería, por el hecho traumático acontecido.
“Han pasado dos años y tuvo que ser la autoridad judicial federal la que obliga a que las autoridades locales, de la Ciudad de México, a darle su derecho humano a la salud, pero vamos obteniendo justicia”, dijo Benítez Granados.
Al realizar el análisis del expediente clínico de Enrique Bonilla Ruiz el juez advirtió que las autoridades responsables locales no cumplieron con el imperativo constitucional de acceso a la salud, “por lo que se impone conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables realicen al quejoso una valoración médica amplia y exhaustiva”.
“Ésta deberá comprender una exploración general con la intervención de especialistas en ortopedia y psicología, que anteriormente no tuvo, a efecto de que se valore y dictamine sobre su estado actual de salud”, consideró el juzgador .
Atención médica sin costo
En caso de padecer alguna lesión y que requiera de estudios de laboratorio, rayos X, resonancias magnéticas, tratamientos, cirugías, rehabilitaciones y/o terapias físicas o psicológicas, le deberán ser proporcionadas sin dilación ni costo alguno.
Dicho amparo establece que la atención médica que recibirá no deberá tener ningún costo e incluye el otorgamiento de los medicamentos, prótesis, hospitalización y todo lo necesario, a fin de garantizar el estado de salud en condiciones óptimas para Enrique Bonilla Ruiz. Todo esto por la Línea 12 del Metro.