La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), integrada por 24 albergues en 14 entidades, denunciaron que el Instituto Nacional de Migración realizó operativos “de limpieza social” en la Ciudad de México, “ejecutados con crueldad y violencia, vulnerando los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, incluidos niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas”.
Al fijar su postura sobre éstos operativos realizados entre el 10 y 12 de noviembre pasado en distintos puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, aseguraron que se violaron los derechos de cientos de personas que se encuentran desde hace meses en situación de calle y alta vulnerabilidad.
Incluso precisaron que las autoridades locales de la CDMX simulan ser una Ciudad Santuario para las personas en movilidad humana y violan la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal, aprobada en 2011.
Te podría interesar
Desde 2021 -con la llegada de personas haitianas a la CDMX- albergues y organizaciones de la sociedad civil en la capital han solicitado a las autoridades locales tomar medidas adecuadas para proteger a las personas y brindarles asistencia humanitaria. Sin que hasta ahora se haya recibido una respuesta adecuada y acorde que proteja sus derechos.
Por ello solicitaron que cesen de inmediato los operativos que violentan los derechos humanos y criminalizan a las personas migrantes; que el INM informe con claridad, veracidad y transparencia a dónde son trasladadas las personas detenidas en sus operativos y cuál era su situación migratoria al momento de la detención.
Te podría interesar
Que los órganos públicos -nacional y de las entidades- de derechos humanos realicen una investigación sobre los operativos realizados por el INM, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para determinar las violaciones a derechos humanos en contra de las personas, particularmente quienes tienen necesidades especiales de protección por su edad, sexo y/o condición de salud.