La Arquidiócesis Primada de México manifestó su preocupación por la crisis migrante que tiene a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y jóvenes sobreviviendo en condiciones infrahumanas en banquetas, plazas públicas, estaciones de autobuses y otras zonas de peligro, ante la falta de una gestión adecuada del arribo de personas provenientes de otras naciones y que terminan en aseguramientos y devoluciones a pesar de que se encuentran en situación de calle.
A través de un comunicado recordó que la Iglesia Católica ha reconocido que actualmente los albergues de la sociedad civil y de las organizaciones religiosas en todos los estados de la República, se encuentran saturados y rebasados en su capacidad de atención, por ello reiteró el llamado a las autoridades federales y locales a establecer mesas de diálogo con quienes atienden a las personas en movilidad para buscar una solución efectiva.
También ante el creciente número de operativos de aseguramiento de migrantes en diferentes estados del país, incluyendo la Ciudad de México que su constitución reconoce como una “Ciudad Santuario“, destacó que esta no es la vía correcta para inhibir el proceso de migración ni para disminuir la afluencia de personas en diferentes puntos de México.
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“Expresamos preocupación ante las acciones de desalojos forzados, traslados a estaciones migratorias y deportaciones a los estados del sur de México y solicitamos las mejores gestiones para dar soluciones reales, duraderas e integrales”, reiteró.
Cómo resultado de lo anterior, la iglesia hizo llamado atender la recomendación del papa Francisco, de incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos.
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Asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, entre otras.