La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ha recabado un total de 189 denuncias penales, relacionadas con el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, de la que dos ex funcionarios se encuentran bajo proceso.
Ulises Lara López, vocero de la institución informó dichas denuncias dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios.
“Dichas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo”, sostuvo.
Informó en un mensaje a medios que se los inmuebles recientemente cateados, el Ministerio Público llamó a comparecer a las personas que actualmente ocupan dichas propiedades bajo el carácter de comodato o arrendamiento.
“De esta manera, estaremos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas.
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Por tanto, nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que en promedio un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales”, detalló.
Señaló que de acuerdo con las indagatorias realizadas por Ministerios Públicos, ex servidores públicos obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo, que se trate de recursos que, probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales.
Sin precisar nombres, Lara López dijo que los ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez bajo proceso, habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la Ley.
Agregó que una líneas de investigación apunta a que dichas acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que está por comprobarse en el caso de corrupción inmobiliaria.
@amarilloalarcon