Con el objetivo de evitar actos de extorsión, corrupción y usurpación, el PRI en el Congreso capitalino promueve una iniciativa de reforma para que los funcionarios de las alcaldías que realizan labores de verificación, clausuras o levantamiento de comerciantes, porten uniformes e identificación institucional.
Al presentar esta propuesta, la diputada Maxta González Carrillo expuso que esta reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías, además de evitar delitos, busca reforzar la confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos.
Desde la tribuna, la legisladora recordó que en algunas alcaldías se han presentado “supuestos funcionarios” en establecimientos mercantiles, ante comerciantes de vía pública o en mercados públicos, para realizar visitas de verificación, clausuras o suspensión, sin que puedan ser plenamente identificados.
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“Hay una infinidad de casos en donde una persona puede llegar a amedrentar a trabajadores o personas que sin saber cómo operar ciertos trámites acceden a dar dinero o entregar sus mercancías, permitiendo que los delincuentes se salgan con la suya o si en su caso llegan a ser verdaderamente trabajadores de alguna entidad de gobierno se lleven su mordida sin que las víctimas puedan identificarlos. Es por ello que hoy presento esta iniciativa a fin de garantizar que los funcionarios de las alcaldías porten en todo momento el uniforme e identificación institucional cuando realicen su labor y así evitar que personas ajenas a las alcaldías suplanten funciones para cometer abusos o actos de corrupción”, indicó.
En ese sentido, la congresista agregó que el uniforme también es para disminuir el riesgo la suplantación de funcionarios, y a su vez terminar persecución hacia las personas que se dedican al comercio.
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Detalló que este tipo de hechos se han presentado en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde personas han sido parte de operativos en vía pública o hechos como los ocurridos en el mercado Hidalgo, donde fueron clausura los baños.
Así como en Tlalpan donde supuestos funcionarios acuden a establecimientos mercantiles para solicitar a comerciantes documentos y dinero para regularizarlos.
“Lo que se busca es evitar la violencia, la corrupción y la persecución hacia las personas que se dedican al comercio garantizando que no se violen los derechos. Con esta medida que estoy segura que si asegurará la reducción de usurpación de funciones, se facilitar el trabajo de las unidades administrativas de las alcaldías y lo más importante, lograremos que la ciudadanía confíe más en los servidores públicos”, indicó.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías fue turnada para análisis y dictamen a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y la de Alcaldías y Límites Territoriales.