La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz para mejorar el mecanismo con el que distribuye las participaciones federales entre los municipios, tras detectar inconsistencias en la actualización de los coeficientes utilizados para el reparto de recursos.
Como parte de la Auditoría 2120, el órgano fiscalizador revisó la totalidad de los 17 mil 122 millones de pesos transferidos por la Federación al estado durante 2025. Aunque concluyó que las transferencias, deducciones y pagos se realizaron conforme a la normativa, señaló deficiencias en la forma en que se calcularon algunos montos destinados a los ayuntamientos.
La ASF detectó que, entre enero y mayo de 2025, la Secretaría de Finanzas estatal mantuvo un coeficiente provisional para distribuir 14 mil 929 millones de pesos correspondientes a diversos fondos e impuestos participables, pese a que ya existía información del INEGI para establecer el coeficiente definitivo.
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Además, observó que no están formalizados los coeficientes utilizados para descontar recursos municipales relacionados con adeudos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Tras las observaciones, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.
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La auditoría también revisó recursos descontados a siete municipios para financiar proyectos de modernización del alumbrado público mediante asociaciones público-privadas. En el caso del puerto de Veracruz, no encontró irregularidades durante 2025.
Sin embargo, la situación cambió en 2026. De acuerdo con información relacionada con el proyecto, el Ayuntamiento de Veracruz dejó de realizar las aportaciones comprometidas para el contrato de modernización del alumbrado público, pese a que la empresa encargada concluyó la instalación y operación de cerca de 50 mil luminarias LED.
El gobierno municipal decidió asumir directamente el servicio al argumentar una política de austeridad, decisión que actualmente se encuentra en litigio luego de que la empresa promoviera amparos para impugnar la medida. Mientras tanto, la compañía sostiene que continúa operando el sistema de alumbrado, aunque persisten dudas sobre la capacidad del municipio para mantener el servicio sin afectar su funcionamiento.