La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados los primeros informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2025, la primera de la Presidenta de la República.
Se trata de apenas 33 auditorías al gasto público en 2025, el número más bajo reportado por la instancia fiscalizadora en las últimas cuentas públicas.
En ese marco, el nuevo auditor, Aureliano Hernández, detalló que a escasos tres meses del inicio de su administración ya se presentaron 21 denuncias penales por daño al erario por más de 600 millones de pesos, ello, por irregularidades correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.
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Añadió que la ASF también trabaja en 31 expedientes de investigación a partir de los primeros cambios al organismo fiscalizador.
Asimismo, se abrieron 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves por colusión y contrataciones indebidas.
“Que hemos dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres órdenes de gobierno. Hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos. A su vez, presentamos ante la autoridad sustanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves derivadas de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública”, anotó.
Entes denunciados
Las denuncias presentadas apenas el pasado 26 de junio involucran el gasto irregular detectado en Talleres Gráficos de México, en 2024.
También por presuntos desvíos de recursos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS.
La lista de 21 denuncias incluye al municipio de Alvarado, en Veracruz, por anomalías en el gasto cometidas en 2020 y 2021; al gobierno de Nayarit, por el gasto en 2021; a municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, por desvíos en 2021; al municipio de Maravatío, en Michoacán, por desfalcos cometidos en 2023; y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por daño a la hacienda pública en 2024.
Recuperación de recursos
Como un ejemplo de los resultados obtenidos en lo que va de su mandato, el auditor indicó que previo a la conclusión de la fiscalización a los recursos entregados a los estados para que los entreguen a los municipios, se logró aclarar casi el 100 por ciento de los más de 300 mil millones de pesos distribuidos.
Con ello, anotó, quedó pendiente de aclarar una cifra mínima de apenas 1.4 millones de pesos correspondientes a una entidad cuyo nombre no precisó.
Sin informes de fiscalización a megaobras, programas y proyectos
Los documentos de la ASF muestran que el primer paquete de informes de fiscalización es el más escueto en los últimos años de ejercicio del organismo.
Incluye solo 33 revisiones “de cumplimiento” aplicadas a gobiernos estatales, incluyendo el de la Ciudad de México y el de Sinaloa, y a la Secretaría de Hacienda (SHCP), relacionada con la distribución de participaciones federales.
Sobre la ausencia de revisiones a las megaobras del Ejecutivo Federal, el servidor público justificó el hecho argumentando que apenas tiene tres meses en el puesto y derivado del proceso de transformación en la Auditoría, no se incluyeron las revisiones al gobierno central.
Esa información se conocerá en las siguientes entregas de paquetes de informes, en octubre de este 2026 y en febrero de 2027.
“Principalmente se debe a esta reorganización que tuvimos en la Auditoría y a que cambiamos todo nuestro Programa Anual de Auditorías. Al cambiar todo nuestro Programa Anual de Auditorías para hacerlas ahora de manera integral implicaba volver a aperturar auditorías y tener que hacerlas con otro enfoque. Eso lo que no quisimos es apresurarnos a traer el día de hoy ningún resultado que no nos permitiera tener un análisis totalmente objetivo y profundo de todo el recurso que erogamos en este país, por lo tanto, esa parte nos la vamos a traer para los informes de la segunda y tercera etapa”, explicó.
Auditor Superior, sin apuntes
Después de entregar los informes de fiscalización a los diputados federales, el auditor ofreció declaraciones públicas.
Se mostró reticente a dar detalles de los resultados reportados, remitiendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación a los datos publicados en la página de la Auditoría.
En el intento de evadir, primero indicó que no podía precisar cifras ni los nombres de los entes fiscalizados, porque debía proteger datos personales y evitar revelar información que por el momento se debe mantener en secrecía.
Ante la insistencia para que hablara de datos más concretos, añadió que toda la información de la fiscalización es pública y se puede leer en la página de internet del organismo auditor, aunado a que no hacía referencias específicas para no omitir cifras.
El auditor Hernández terminó cayendo en contradicción al pretextar que no podía dar datos precisos porque no traía sus apuntes.
“Los remitimos siempre a la página de la Auditoría Superior de la Federación para que guardemos el debido proceso uno, y segundo, tenemos que garantizar siempre la presunción de inocencia. Luego, la información está contenida en la página, qué pasa si yo en este momento omito a una y se me olvida por alguna razón y no se las expreso, entonces por eso para no errar, la información es totalmente pública”, intentó sostener su postura.
Cuando se le preguntó si no podía leer lo que dicen los documentos publicados en la página electrónica de la ASF o bien, lo que decían sus apuntes respondió con un: “no los traigo”.
"No lo traigo”, responde el auditor superior, Aureliano Hernández, al resistirse a dar datos precisos sobre las dependencias involucradas en las irregularidades en las que se presume daño al erario por 600 millones que dieron origen a 21 denuncias penales; primero afirma que no podía dar información detallada por tratarse de investigaciones en proceso, luego asegura que los datos son públicos y están en la página de la ASF pero no los va a referir y finalmente señala que no los dice expresamente porque no trae sus apuntes.
Denuncias anónimas de corrupción
También habló de la reestructuración en la ASF, que incluye la creación de una Unidad de Atención Ciudadana a través de la cual, la población podrá denunciar actos de corrupción o irregularidades en el uso del erario de las cuáles tengan conocimiento.
Las quejas podrán ser anónimas y también se pueden presentar por redes sociales, correo electrónico, el portal de internet de la Auditoría y hasta mensajes a través de la aplicación WhatsApp.
Dijo que la institución a su cargo “romperá” el paradigma de la fiscalización que ya no será fragmentada, sino integral.
Aseguró que todos y cada uno de los entes que reciban dinero público, que son mil 733, serán fiscalizados al cien por ciento.