En un mensaje directo al sector privado y en medio de un contexto de crecimiento económico por inversiones y exportaciones, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que el Máximo Tribunal del país es garante de la seguridad jurídica y que respetará de forma irrestricta las sentencias favorables obtenidas por los contribuyentes frente a las autoridades.
Durante la sesión del Pleno de la SCJN, al resolver la revisión fiscal 5/2025, la ministra Esquivel Mossa emitió su voto a favor de desechar un medio de defensa intentado por la autoridad, lo que significó confirmar la nulidad de un crédito fiscal que previamente había decretado el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ante este escenario, la juzgadora lanzó un llamado de certidumbre para grandes y pequeñas empresas, así como para emprendedores que arriesgan su capital en el país.
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Sentencias a favor de contribuyentes son "verdad legal"
La ministra Esquivel Mossa puntualizó que cuando un particular logra demostrar, tras un largo litigio, que un acto administrativo carece de los atributos esenciales para su validez, no se le debe imponer una carga innecesaria para revisar lo que ya es incontrovertible. Subrayó que dicha resolución favorable constituye la verdad legal desde el momento en que se emite.
"Estamos obligados como Tribunal Constitucional a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los Tribunales de la Federación", enfatizó la ministra.
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SCJN garantiza certidumbre ante el boom de inversiones
La integrante del Pleno de la SCJN señaló que este tipo de determinaciones son fundamentales en un momento en que México registra una intensa participación en el comercio multilateral, atrae divisas a través del turismo y expande sus niveles de exportación e inversión extranjera.
Con esta postura, Yasmín Esquivel Mossa reiteró que la Suprema Corte mantendrá una línea de pleno respeto a la legalidad y a las decisiones de tribunales imparciales, asegurando que el Poder Judicial de la Federación no modificará lo ya decidido en favor de los gobernados que cumplan con la ley.