Sara Carter, la funcionaria estadounidense, conocida como "zar antidrogas", advirtió que la prioridad de su administración es romper los vínculos entre las estructuras gubernamentales en México y las organizaciones criminales.
Según detalló, las autoridades han comenzado a apuntar directamente contra servidores públicos que, tras venderse a los grupos delictivos, facilitan sus operaciones ilícitas.
Esta postura, respaldada por la narrativa de firmeza del presidente Donald Trump, ha intensificado la presión diplomática, asegurando que la cooperación bilateral es ahora una necesidad estratégica para los gobiernos que buscan evitar medidas punitivas de Washington.
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Casos en Sinaloa: ¿Quiénes son los funcionarios señalados?
La estrategia contra la narcopolítica ha puesto en el foco a Sinaloa, donde en abril pasado se presentaron acusaciones formales contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntamente proteger a la facción de "Los Chapitos".
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la existencia de pruebas para proceder con detenciones en México, los efectos en el terreno han sido visibles:
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- Gerardo Mérida Sánchez: El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó a las autoridades estadounidenses y fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas, reportado como entregado a Estados Unidos, aunque sin registros penitenciarios confirmados hasta ahora.
- Procesos legales: A la fecha, solo cinco de los diez involucrados han comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con las solicitudes de extradición.
Cooperación y resultados: ¿El fin del CJNG?
Sara Carter resaltó que la colaboración con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional Mexicana ha alcanzado niveles sin precedentes
Un ejemplo de este trabajo coordinado fue el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
La funcionaria explicó que la inteligencia compartida permitió desplegar una operación efectiva, destacando que el gobierno mexicano ha mostrado mayor apertura al entender los beneficios mutuos de desarticular a los cárteles, bajo la premisa de que las advertencias de Washington sobre posibles consecuencias por la falta de cooperación son definitivas.