En sesión extraordinaria la Comisión de Administración Pública Local del Congreso capitalino aprobó una reforma para que los animales de compañía tengan acceso a los establecimientos mercantiles, bajo condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar.
La iniciativa de modificación a diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles provino de las diputadas morenistas Elizabeth Mateos y Yuriri Ayala Zúñiga, en materia de locales pet friendly y la última semana de sesiones será presentada ante el Pleno del Congreso para su discusión y aprobación.
La diputada Mateos Hernández expuso que cada vez más familias capitalinas consideran a los animales de compañía como un integrante más, sin embargo se carece de certidumbre jurídica sobre cómo se puede garantizar una convivencia responsable entre quienes acuden a los establecimientos mercantiles y los seres sintientes.
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Con la reforma el artículo 10 de la norma referida se concreta la posibilidad de que las personas puedan acudir a los establecimientos mercantiles con sus animales de compañía.
“Se busca, precisamente, brindar certeza jurídica y establecer reglas claras para permitir el acceso de animales de compañía en determinados establecimientos mercantiles, siempre bajo condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar”, aseguró Mateos.
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Detalló que estas reformas también fortalecen la cultura de inclusión, respeto y tutela responsable, al reconocer que los animales son seres sintientes y que su protección constituye una obligación ética, social y jurídica compartida.
“De igual manera, el dictamen incorpora modificaciones importantes para garantizar que los establecimientos que adopten medidas pet friendly cuenten con áreas adecuadas, condiciones sanitarias y mecanismos que permitan proteger tanto a usuarios como a los propios animales”, recalcó.
Durante la sesión también se aprobó otro dictamen en materia de conservación de archivos sobre violaciones graves a los derechos humanos.
La modificación a los artículos 116 y 117 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, busca armonizar este ordenamiento con la Ley General de Archivos y los estándares nacionales e internacionales, en materia de conservación de la evidencia documental sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Subrayó que es fundamental que las autoridades capitalinas cuenten con disposiciones claras para conservar y proteger la documentación que permita reconocer la verdad sobre hechos que hallan vulnerado gravemente los derechos de las personas.