La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) afirmó que la decisión de aplazar la elección judicial para el 4 de junio del 2028, representa la confesión más clara del oficialismo sobre el fracaso de dicho proceso.
Agregó que la posposición de los comicios no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico, ya que solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio; además de que la reducción de candidaturas y la simplificación de boletas son intentos cosméticos que no eliminan la contaminación partidista ni garantizan el perfil técnico de las y los juzgadores.
Por ello, exigió que la segunda ronda de la elección, no se celebre de forma masiva, sino que se limite estrictamente a vacantes reales para evitar la desarticulación total del Poder Judicial, por el bien del país.
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Indicó que la “reforma a la reforma” genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia.
Advirtió que obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir con un calendario político constituye un despojo que vulnera la profesionalización de la justicia.