La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) criticó la postura que asumió el gobierno de México en torno a las conclusiones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
La cooperación internacional es una oportunidad para fortalecer la legalidad: Kudisch
En un comunicado, Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la asociación, sostuvo que la respuesta institucional no debe ni puede centrarse en la descalificación política de la decisión del comité, sino en la colaboración del procedimiento que se lleve a cabo por la Asamblea.
Por ello, hizo un exhorto al gobierno para que acepte la ayuda internacional que en su caso se extienda, para lograr la construcción de resultados verificables, medibles en cuanto a localización de personas, identificación de restos, judicialización de responsables y reparación integral a las víctimas.
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Agregó que en un Estado constitucional y democrático, la cooperación con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos no debe entenderse como injerencia, sino como una oportunidad para fortalecer la legalidad, la justicia y la confianza pública.
Kudisch Castelló puntualizó que frente a la magnitud de la crisis derivada de la desaparición de personas, es indispensable que el Estado mexicano atienda las acciones orientadoras que en su momento llegue a emitir la Asamblea General de las Naciones Unidas a México en torno a la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que se requieran en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado por dicho Comité.
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Por ello, llamó a los Poderes de la Unión, a las autoridades federales y locales, así como a las fiscalías y comisiones de búsqueda, a dar cumplimiento efectivo a lo sugerido por el Comité, particularmente en los siguientes rubros: fortalecer de inmediato los mecanismos de búsqueda en vida y forense, dotándolos de autonomía técnica, presupuesto suficiente y coordinación interinstitucional real, así como profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, agotando líneas que incluyan la posible participación, tolerancia u omisión de agentes del Estado.