En medio del debate público generado por la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar la situación de México ante la Asamblea General, Juan Pablo Albán, presidente de dicho Comité, difundió un mensaje en el que da respuestas a las críticas del gobierno mexicano.
Reconoció que el desacuerdo es legítimo dentro del diálogo internacional, pero advirtió que la descalificación del Comité o de sus integrantes es “cuestionable”.
Hizo un llamado a mantener el foco en los objetivos comunes: prevenir las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno, siempre en beneficio de las víctimas y sus familias.
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Albán recordó que los órganos de tratado sí forman parte del Sistema de las Naciones Unidas, pues fueron creados mediante instrumentos internacionales adoptados por los Estados miembros y tienen el mandato de supervisar su cumplimiento.
Añadió que sus integrantes son electos por los propios Estados parte, actúan con independencia y no se encuentran al margen de la estructura de la ONU.
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Explicó que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas faculta al Comité a llevar la situación de un país ante la Asamblea General cuando recibe información con indicios bien fundados de carácter generalizado o sistemático.
Además, aclaró que el análisis que ha llevado a cabo no se limita a un periodo cerrado, sino que estudia la evolución del fenómeno hasta la actualidad, con base en la información recibida desde 2012.
Juan Pablo Albán citó cifras oficiales recientes, como las más de 132 mil personas desaparecidas registradas al 19 de febrero de 2026 y los 72 mil restos humanos sin identificar, lo que, según el Comité, evidencia la magnitud del problema y la ausencia de una tendencia a la baja.