JUSTICIA

Que no queden impunes conductas basadas en odio: Yasmín Esquivel

La Ministra de la SCJN respaldó invalidar una norma penal ambigua que podía inhibir la libertad de expresión.

Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la SCJN.
Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la SCJN.Créditos: Especial
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Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron una porción normativa del artículo 189, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que preveía penas de prisión y multa para quien apoyara la difusión de expresiones de odio, violencia o discriminación contra personas o grupos.

El máximo tribunal invalidó una porción del Código Penal de Sinaloa

Durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto al considerar que dicha disposición resultaba demasiado amplia y ambigua, lo que podía generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión, particularmente entre quienes ejercen el periodismo.

Advirtió que la simple difusión, en medios impresos, electrónicos o digitales, de actos realizados por terceros que pudieran tener un carácter discriminatorio, podría colocar a profesionales de la comunicación en riesgo de ser sancionados penalmente conforme a la norma impugnada.

No obstante, la Ministra manifestó su acuerdo con la validez del resto del texto de la fracción I del artículo 189, al estimar que su redacción es clara cuando sanciona a quien provoque o incite la realización de acciones o expresiones verbales o escritas basadas en odio, violencia o discriminación.

Esquivel Mossa explicó que los verbos “provocar” e “incitar” se refieren a conductas activas de quienes alientan a otras personas a adherirse a mensajes de odio, así como a participar en actos discriminatorios o violentos, ya sea contra una persona en lo individual o contra un grupo determinado.

Subrayó que este tipo de disposiciones son especialmente relevantes para la protección de comunidades históricamente vulneradas, como la población LGBTIQ+, que enfrenta discriminación estructural, violencia sistemática y exclusión social, razones que motivaron al legislador local a aprobar la norma.