Después de la aprobación de la reforma constitucional que busca terminar con las llamadas “pensiones doradas”, extrabajadores afectados conformaron la Alianza Nacional de Jubilados para defender sus derechos adquiridos y exigir que dicha norma no se aplique de manera retroactiva.
En conferencia de prensa, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Pemex y Luz y Fuerza del Centro denunciaron que las autoridades comenzaron a aplicar descuentos a sus pensiones, hecho que calificaron como “un despojo a su patrimonio”.
Anunciaron que desarrollarán una estrategia que contempla acciones jurídicas, amparos indirectos, protestas y denuncias ante organismos internacionales.
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Enrique Velázquez, integrante del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad, anunció que este viernes se concentrarán afuera del Senado, al mediodía, para exigir a las autoridades que revisen este tema y que las reducciones a las jubilaciones no se apliquen de manera retroactiva.
Criticó que las autoridades no hayan incluido al personal de las secretarías de la Defensa y Marina, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Por su parte, Jorge Portos, jubilado de Pemex, afirmó que el gobierno fundamentó la reforma “en falacias”, al aclarar que las pensiones se calcularon con base en un tabulador y que la pensión más alta es de 250 mil pesos y no de un millón.
De acuerdo con estimaciones de dicha asociación, alrededor de 90 mil personas jubiladas son afectadas por la reforma al artículo 127 constitucional, que establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivale a aproximadamente 67 mil pesos mensuales.