La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de validez constitucional de la reforma que pone tope a las pensiones de servidores de entidades públicas.
Lo anterior, al haber recibido la notificación del voto aprobatorio al proyecto, en 20 congresos estatales. Al dar a conocer el resolutivo, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, indicó que el asunto se turnaría al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. Se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales”, indicó López Rabadán.
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Las legislaturas locales que dieron el voto a favor de la reforma al artículo 127 constitucional en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, fueron las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca.
También, las de Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
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Los cambios validados establecen que en ningún caso, las jubilaciones o pensiones de trabajadores de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos constituidos en las paraestatales, el Gobierno Federal y organismos descentralizados en estados y municipios, no podrán ser mayores a la mitad de la remuneración de la Presidenta de la República.
Precisan que las Fuerzas Armadas quedan exentas del recorte a las llamadas “pensiones doradas”. Agregan que en cuanto entre en vigor el ordenamiento, todas las jubilaciones y pensiones señaladas, menos las que tendrán el beneficio de la excepción, tendrán que ajustarse a los límites establecidos, incluso si se encuentran vigentes.
Para hacer cumplir la norma, prevé que los contratos y condiciones generales de trabajo deberán ajustarse para que ninguna pensión sea mayor al monto señalado.
Aunque el proyecto de reforma no incluye cifras, el tope estimado de las pensiones de trabajadores de confianza de entidades públicas, deberá ser de aproximadamente 70 mil pesos al mes.