La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Minera, misma que fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual establece que el litio es un área estratégica y prohíbe la entrega de concesiones a particulares para su explotación
Explotación del litio será exclusiva del Estado Mexicano
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, consideró infundados los agravios de los senadores de oposición, quienes argumentaron que para emitir dicha declaratoria y establecer zonas de reserva minera, se requería de reforma constitucional.
“El proyecto estima infundados los conceptos de invalidez, esencialmente porque la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024 incorporó expresamente al litio como área estratégica, prohibiendo el otorgamiento de concesiones. Este cambio implica una modificación del parámetro de regularidad constitucional que valida plenamente el régimen legal impugnado y las disposiciones legales no excede en la Constitución, sino que la desarrolla. Por tanto, se reconoce la validez del subsistema normativo que declara el litio como de utilidad pública, prohíbe concesiones a particulares y reserva su explotación de manera exclusiva al Estado”.
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A su vez, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, propuso sobreseer la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores, debido a que en 2024 entró en vigor la reforma constitucional, por lo que consideró que existe una supremacía constitucional.
“El reclamo central, parte de que se declara al litio como un recurso estratégico, es ese el primer reclamo y el segundo que a partir de esto ya no se pueden dar concesiones sobre el litio. Entonces, estos son los dos reclamos centrales, digamos que visto a la luz de la norma constitucional del año 2022, podría tener razón, pero la reforma del 2024 eleva a recurso estratégico el litio y hay prohibición constitucional de conceder concesiones sobre este recurso natural. Para mí, la reforma constitucional del 2024 allana los motivos de inconformidad que se plantearon en la acción de inconstitucionalidad”.
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Sin embargo, siete ministros se opusieron y estimaron que la impugnación de los senadores seguía viva y tenía que resolverse el asunto, obligados por la mayoría, tanto Hugo Aguilar y la ministra María Estela Ríos González se pronunciaron a favor de declarar la validez del decreto.