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En entrevista con Sheila Amador, para MVS Noticias, Dania Ravel, consejera electoral del INE habló sobre el proyecto de reforma electoral que propondría reducir la estructura del organismo.
Además, señaló su perspectiva técnica sobre los planteamientos que rodean dicha reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será presentada oficialmente el próximo martes.
Uno de los puntos de mayor fricción es la posible reducción de consejerías en el Pleno y un recorte presupuestal de hasta el 42 por ciento en años sin elección federal. Ravel enfatizó que estas medidas no coinciden con la carga operativa actual del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual ha sumado responsabilidades críticas en la última década.
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El riesgo de la inoperatividad institucional
La consejera recordó que, en 2014, el número de consejerías aumentó de 9 a 11 debido a las nuevas atribuciones nacionales del instituto. “Hoy el INE tiene todavía más facultades que las que en su momento se le dieron en 2014”, puntualizó Ravel, citando ejemplos como la revocación de mandato, la consulta popular y la reciente elección judicial.
Reducir el personal de mando en estas condiciones, según la funcionaria, generaría una sobrecarga de trabajo. “A mí me parece que pensar en reducir el número de consejeros y de consejeras va a ocasionar una sobrecarga de trabajo que podría terminar en volver inoperantes a las comisiones e incluso al propio Consejo General”, advirtió la consejera.
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Presupuesto: autonomía y derechos ciudadanos
El aspecto financiero es igualmente alarmante. Ravel explicó que los recortes previos ya afectaron el ejercicio del voto, obligando a instalar menos casillas en procesos como la revocación de mandato. Esto no solo dificulta el acceso de la ciudadanía a las urnas, sino que pone en jaque la garantía de derechos para grupos vulnerables, como personas con discapacidad.
“Parte de la autonomía e independencia del Instituto es que pueda tener los recursos para trabajar y que pueda decidir libremente cómo repartirlos”, concluyó. El debate en el Congreso será decisivo para definir si el INE mantiene su capacidad operativa o si entra en una fase de vulnerabilidad técnica.