Integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia de hechos contra quienes resulten responsables, en el contexto de las revelaciones hechas por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a través del libro “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder”.
En atención a los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pidió presentar pruebas, y de la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, que calificó como insuficientes los dichos de Scherer Ibarra, los diputados federales Federico Döring y Diego Ángel Rodríguez, emprendieron un recurso legal formal.
Solicitaron a la Fiscalía investigar la comisión de una serie de delitos que podrían involucrar a personajes públicos mencionados en la publicación referida, como el actual coordinador de asesores de la mandataria federal, Jesús Ramírez.
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Pidieron indagar entre otras conductas, la de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos electorales asociados al financiamiento ilegal de campañas.
De igual modo, denunciaron irregularidades en compras públicas durante la pandemia de COVID-19, presiones al Poder Judicial, utilización de programas sociales con fines políticos, posibles vínculos con redes de huachicol y financiamiento ilícito.
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Investigar a servidores y exservidores públicos afines a Morena
Los servidores y exservidores públicos a los que se pide llamar a comparecer ante la Fiscalía para que aclaren si están involucrados o no en las conductas descritas, pidieron los panistas en San Lázaro, son la extitular del anterior Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT), Elena Álvarez Buylla.
También, el exfiscal general de la República y actual embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero; el exministro de la Suprema Corte y actual integrante del equipo de la Presidenta de la República, Arturo Zaldívar; así como el exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell.
De igual modo, a la extitular de la anterior titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval; a la exdelegada en Iztapalapa y actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada; al senador de la República, Adán Augusto López; y la extitular de la Secretaría de Energía (SENER) y actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Lo anterior, para que esclarezcan sus posibles responsabilidades en la existencia de redes institucionales de protección relacionadas con los delitos descritos.
Döring Casar y el diputado Rodríguez Barroso, señalaron que el recurso legal presentado ante la FGR tiene como fin que se emprenda una investigación formal sobre las probables conductas delictivas que se desprenden de la “narración” del exconsejero jurídico Scherer Ibarra.
Enfatizaron que de acuerdo a la secretaria Buenrostro Sánchez, la publicación del exconsejero presidencial no es suficiente para que la autoridad ministerial inicie indagatorias y por ello se solicitó la intervención de la FGR.
Demandaron a la actual titular de la Fiscalía y exconsejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, tomar cartas en el asunto, cumplir la obligación de indagar los hechos descritos y actuar con autonomía en los procesos legales que se emprendan.