Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) externaron su rechazo a la propuesta que busca reducir la estructura del instituto como parte de la reforma electoral.
En entrevista al término de la sesión de este jueves, la consejera Dania Ravel Cuevas advirtió que disminuir el número de consejerías debilitaría gravemente al INE, ya que, desde la reforma del 2014, se le aumentaron atribuciones como la consulta popular, revocación de mandato y elección del Poder Judicial, procesos que ameritan contar con más consejerías y comisiones.
Consejerías advierten que reducir la estructura del INE, lo debilitaría gravemente
“Es algo que tendría que armonizarse, pero pensarse si es suficiente el número de consejerías para hacer frente a todo el trabajo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral. Disminuir esta estructura debilitaría gravemente al instituto, me parece que no es conveniente porque no habría un símil entre las atribuciones y entre el número de consejerías; pero, quizá, una de las cosas más graves es la posibilidad de que no tengamos órganos desconcentrados permanentes”.
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Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza aseveró que desparecer las juntas locales y distritales afectaría los trabajos de fiscalización.
“No es una buena idea, desaparecer a las juntas distritales y locales e instalarlas solamente durante un proceso electoral, sí va a tener una afectación en las facultades de investigación que tenemos en fiscalización, en el tema de distritación y geografía electoral, hay muchas funciones que se hacen de manera permanente en estos órganos desconcentrados. Afectas la profesionalización de la estructura, se trata de personas que llevan muchos años trabajando, haciendo funciones altamente especializadas y contratarlas solamente para cada proceso electoral, va afectar la profesionalización”.
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En este sentido, Castillo Loza sostuvo que el INE requiere de una estructura “más robusta de coordinación e investigación” para la revisión del uso de recursos públicos en campañas y política como parte de las acciones para evitar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.