El extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) figuró entre los organismos autónomos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por incurrir en irregularidades en el gasto.
En los datos correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría detectó anomalías en las que se presume desvío de recursos públicos asociados a viajes de los comisionados e invitados, en pagos por el servicio de limpieza, la entrega de contratos de manera irregular y otros rubros
Los montos que el INAI no aclaró, en el caso de viajes de integrantes de ese organismo colegiado, fueron de 2 millones 984 mil pesos.
Te podría interesar
En suma, el desfalco en el Instituto y que se corroboró en una “auditoría forense”, fue de siete millones 356 mil pesos.
Desfalco en el INAI
La auditoría de gestión financiera y de cumplimiento forense hecha en 2025 al Instituto, mostró un uso irregular de los recursos en rubros como servicios personales, servicios generales, materiales y suministros, “subsidios y otras ayudas”, así como bienes muebles e inmuebles e intangibles.
Te podría interesar
La instancia fiscalizadora determinó que el INAI usó recursos públicos por 707 millones 583 mil pesos destinados al pago de siete personas morales, es decir, sus comisionados y por conceptos de nómina y viáticos nacionales e internacionales.
El dinero se utilizó en servicios de arrendamientos de soluciones de seguridad perimetral, equipos de telecomunicaciones de voz y datos, seguridad y vigilancia intramuros en su sede central, la compra de 262 equipos de cómputo, así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores.
También, en el servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para sus instalaciones, maquinaria y equipo; en el servicio de limpieza del edificio sede, en el pago por mensajería y paquetería, así como en el pago de nómina, aguinaldos y compensaciones garantizadas y viáticos nacionales e internacionales.
Al analizar las inconsistencias y omisiones en el gasto que pudieron generar daño a la hacienda pública, la ASF corroboró un uso irregular de siete millones 356 mil pesos.
Entre otras fallas en el gasto, se realizaron pagos sin acreditar en su totalidad la documentación requerida “para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados en el Pleno, otros servidores públicos y “personas invitadas externas”.
En ese rubro, la institución no comprobó el uso adecuado de 2 millones 984 mil pesos.
“Se identificaron servidores públicos que obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración y utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos”, registró la auditoría.
También se hicieron pagos sin contar con la documentación necesaria para acreditar el servicio de limpieza durante todo el 2024, por 4 millones 200 mil pesos.
Se realizaron pagos por 11 equipos informáticos que no pudieron ser localizados dentro de las instalaciones del INAI. En eso, el gasto fue de 114 mil pesos.
En cuanto al servicio de mantenimiento sin acreditar la entrega y recepción del material correspondiente, se utilizaron 57 mil pesos.
La cifra de 7 millones 356 mil pesos mal utilizados en 2024, sigue pendiente de aclarar, anotó la ASF.
Por las inconsistencias en el gasto, se emitieron seis recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 14 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y cuatro pliegos de observaciones.
Entre otras, se confirmaron los pagos por viajes nacionales e internacionales de comisionados, otros funcionarios y hasta invitados externos, por casi 3 millones de pesos.
También hubo fallas en un contrato celebrado con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
El INAI no estableció parámetros técnicos estandarizados para aprovechar los reportes de operación de sistemas de seguridad ni del servicio de internet, con el fin de detectar amenazas.
No hubo supervisión adecuada sobre documentos financieros y contables; y también hubo deficiencias y fallas en la supervisión de la contratación del servicio de mensajería.
