En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se propuso añadir un nuevo trámite a cumplir por servidores públicos para asegurar que no están ocultando bienes ni mintiendo a la autoridad fiscal.
El diputado federal Mario Zamora pidió crear un “dictamen de congruencia patrimonial” que deberá ser elaborado por un contador público y registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior, con el fin de que se certifique que los bienes reportados por quienes ejercen cargos de gobierno no están incurriendo en enriquecimiento ilícito.
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El legislador pidió que la información contenida en el reporte señalado deberá ser de conocimiento público.
Dictamen de congruencia patrimonial.
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Planteó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de dictamen de congruencia patrimonial.
Dicha herramienta, indicó, será un documento elaborado por un contador público inscrito ante el SAT y que se presumirá cierto, a menos que haya una prueba en contra.
“Determinará la congruencia entre la evolución del patrimonio del servidor público y sus ingresos, con base en la declaración patrimonial que presente el servidor público”.
Pidió que la información de ese documento sea de dominio público, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
La obligación aplicará a servidores públicos por elección popular, a altos y mandos medios de dependencias de la administración pública.
Deberán presentar el dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles siguientes a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante las instancias correspondientes.
Agregó que las secretarías y los órganos internos de control tendrán la facultad de investigar y aplicar auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los sujetos obligados.
“Para ello (…) deberán tomar en cuenta el dictamen de congruencia patrimonial” y tendrán la facultad de resolver las controversias derivadas de la presentación y contenido de la herramienta señalada.
Si encuentran irregularidades, deberán dar vista al SAT, para que este ejerza las acciones que correspondan.
Cuando la declaración de situación patrimonial y el dictamen de congruencia patrimonial reflejen incrementos “inexplicables” en el patrimonio del declarante o existan diferencias entre los reportes en virtud de la remuneración como servidor público, las secretarías y los órganos internos de control deberán solicitar las aclaraciones correspondientes.
En caso de que los datos no se aclaren, se procederá a integrar un expediente para darle trámite y en su caso, presentar la denuncia correspondiente ante el ministerio público, planteó.
Medidas contra el enriquecimiento inexplicable.
Para dar sustento a su propuesta, el legislador indicó que son cada vez más frecuentes los casos de corrupción entre servidores públicos, líderes políticos y también actores privados, lo que afecta los sistemas democráticos y la confianza de los gobernados.
Al aseverar que su planteamiento busca combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, indicó que se deben tomar medidas contra aquellos que buscan obtener beneficio particular a partir del erario.
Las leyes en el país, contempla distintas medidas contra las personas que se enriquecen de manera ilícita.
Indicó que las faltas administrativas graves, conforme a la ley, deben ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los órganos de control o instancias homólogas en las entidades federativas y resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ello, aunado a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que los servidores públicos y aquellos que tengan en sus manos recursos públicos, deben actuar con legalidad, honradez, integridad, rendición de cuentas y otras directrices, como evitar utilizar el empleo o cargo o comisión para obtener beneficio personal o a favor de terceros.
Pese a ello, mediciones de organismos como Transparencia Internacional valoró a México con 26 puntos de 100, en el índice de Percepción de la Corrupción en 2023, lo que muestra debilitamiento institucional, falta de controles y opacidad en el ejercicio de gobierno, refirió.
Asimismo, señaló que conforme a los resultados del 2024 en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el país persisten prácticas irregulares que propician corrupción en áreas como contrataciones públicas, adjudicaciones directas, falta de publicación de documentos clave y contratación de proveedores dudosos, lo que incrementa el riesgo de corrupción.
Zamora Gastélum indicó que, si bien en otras administraciones hubo casos emblemáticos de corrupción, en los gobiernos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que mantiene un discurso anticorrupción, también se han registrado hechos de ese tipo que involucran a altos funcionarios del Estado, como el exfiscal general Alejandro Gertz, el extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y los hijos del expresidente de la República.
En ese tipo de casos, agregó, se inscriben hechos recientes como el de la propiedad millonaria adquirida en la zona de Tepoztlán, en el estado de Morelos, por el expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández.
Ante esos sucesos, añadió el promovente, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas referentes a la situación patrimonial de los servidores públicos, para evitar más casos de enriquecimiento ilícito.