“El uso de la fuerza no puede ser un mecanismo legítimo para resolver disputas políticas, económicas o diplomáticas, ni para apropiarse por la fuerza de los recursos de otro país, siendo una amenaza seriamente para la paz regional”, expresan 400 organizaciones, redes y plataformas humanitarias y de activismo social al condenar “enérgicamente” por “la intervención militar y los ataques perpetrados por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela”.
“La guerra no es una salida. La defensa de la vida, la paz regional, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben prevalecer sobre cualquier interés geopolítico. América Latina necesita paz, no guerra”, enfatizaron Artículo 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC); con el respaldo de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
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Estas acciones, agregan “constituyen una grave violación al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención”.
“Las operaciones militares registradas en la madrugada del 3 de enero representan una agresión unilateral que pone en riesgo directo a la población civil, profundiza la inestabilidad regional y sienta un precedente alarmante para América Latina”, remarcan.
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Desde México advertimos que esta escalada militar compromete la vida, la integridad y los derechos humanos de la población venezolana y de la región en su conjunto. Exigimos el cese inmediato de toda acción armada y el respeto irrestricto al derecho internacional.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente a: Naciones Unidas, a convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y promover una verificación independiente de los hechos.
La comunidad internacional y los cuerpos diplomáticos, a condenar la agresión y activar mecanismos de diálogo y mediación.
Garantizar la protección de la población civil, el respeto a la soberanía y el principio de no intervención.
Asimismo, llamamos al respeto y garantía del derecho a la información y al ejercicio periodístico, para que la sociedad tenga acceso a información veraz, plural y sin censura sobre estos hechos.