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Jueza ordena a FGR entregar carpeta de investigación a vicealmirante Manuel Farías

La jueza de control Mariana Vieyra Valdez determinó que la carpeta no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder.

La FGR deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación.
La FGR deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación.Créditos: Canva
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Una jueza de distrito ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar de forma completa y transparente la carpeta de investigación que se inició contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal.

La defensa del mando naval afirmó que con esta determinación se pone un límite a la discrecionalidad del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Durante una audiencia de tutela de derechos que se realizó este jueves, la jueza de control Mariana Vieyra Valdez determinó que la carpeta no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder.

Por ello, determinó que la FGR deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación; aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras.

Agregó que cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada, bajo control judicial.

Asimismo, se fijó el martes 27 de enero a las 10:00 horas para que la defensa de Farías Laguna acuda a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para tener acceso a los documentos y en esa misma fecha, la autoridad deberá pronunciarse sobre los analistas cuyas entrevistas fueron solicitadas por la defensa.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados afirmó que esta resolución exhibe omisiones del Ministerio Público en la investigación federal y confirma que el Poder Judicial obligó a la FEMDO a transparentar el expediente, corrigiendo prácticas dilatorias y devolviendo equilibrio al proceso.

Mencionó que el fallo deja un mensaje inequívoco: la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo.