El Gobierno de México emitió un decreto federal con el que prohíbe de manera definitiva la producción, distribución, uso y comercialización de 35 plaguicidas considerados altamente peligrosos. La medida busca proteger la salud de la población y reducir el impacto ambiental que generan estas sustancias tóxicas.
Riesgos a la salud y al medio ambiente
De acuerdo con la “Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Gestión de Plaguicidas”, estas sustancias representan un riesgo por su toxicidad aguda, efectos cancerígenos, mutagénicos y daños en la reproducción humana. Además, varios de ellos están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Convenio de Rótterdam sobre químicos peligrosos.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que el uso de plaguicidas no solo afecta a los organismos que buscan controlar, sino que también contamina el aire, el agua y el suelo. Sus residuos permanecen en los cultivos y pueden ingresar al cuerpo humano a través de los alimentos, causando daños irreversibles a la salud.
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Y es que México, como país con gran actividad agrícola, había dependido por décadas de estas sustancias para el control de plagas en diversos cultivos. Sin embargo, especialistas han advertido que su uso representa un alto costo en términos de salud pública y degradación ambiental.
¿Cuáles son los plaguicidas prohibidos por Decreto en México?
- 2,4 DBc
- Alaclor
- Aldicarb
- Azafenidina
- Azinfos metílico
- Azocyclotin
- Bioresmetrina
- Bromuconazol
- Captafol
- Carbofurano
- Carbosulfan
- Clordano
- Clorpirifos-metil
- DDT
- Diclofop metil
- Dinocap
- Dinoseb
- Disulfoton
- Edifenfos
- Endosulfan
- Fenarimol
- Fenitrotion
- Fention
- Fentoato
- Flusilazol
- Fosfamidon
- Hexaclorociclohexano
- Hexaflumuron
- Lindano
- Metidation
- Óxido de fenbutatin
- Paratión
- Quinalfos
- Resmetrina
- Triclorfon
Autoridades responsables de la aplicación
La interpretación y vigilancia del decreto estará a cargo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias.
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Estas instituciones tendrán la tarea de supervisar el cumplimiento de la prohibición en toda la cadena: desde la fabricación y almacenamiento hasta la aplicación y disposición final de los plaguicidas.
Con la prohibición de estos 35 plaguicidas, México se alinea a las recomendaciones internacionales y busca impulsar alternativas más seguras y sostenibles para los agricultores, lo que representa un cambio en la política agroalimentaria. El reto ahora será garantizar alternativas viables para los productores y fortalecer la cultura de consumo responsable que priorice la salud y el cuidado del medio ambiente.