POLÍTICA

Senado aprueba por unanimidad reforma contra la extorsión

El objetivo, es que el combate a este delito ya no dependa de los gobiernos estatales.

El dictamen aprobado se remitió a los congresos de los estados.
El dictamen aprobado se remitió a los congresos de los estados.Créditos: Cuartoscuro
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Con 106 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al proyecto que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, a fin de unificar la tipificación del delito, las penas y los mecanismos de atención a víctimas en todo el país. 

El objetivo, es que el combate a este delito ya no dependa de los gobiernos estatales, sino que esté en manos del gobierno federal, reduciendo la incertidumbre y acabando con los vacíos que favorecen la impunidad.

En este sentido, la senadora por el PAN, Verónica Rodríguez, advirtió que, más allá de la legislación, lo que se requiere es una estrategia clara y una operación más eficaz por parte del gobierno federal para acabar con el problema. 

De igual forma, la senadora por el PRI, Guadalupe Toledo, destacó que, sin una ley general seria y con presupuesto, esta reforma será un fracaso ante un problema que ha venido creciendo.

En tanto, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, destacó que la extorsión se ha multiplicado en los últimos años y menos del 1 por ciento de los casos se denuncia, por lo que, dijo, el problema no puede minimizarse. 

Finalmente, el senador por Morena, Oscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma marca el inicio del fin de la cifra negra de impunidad ante la falta de denuncias. 

Y es que, dijo, de ahora en adelante los casos de extorsión serán perseguidos de oficio y se protegerá la identidad de quienes de denuncian.

Finalmente, el también senador por Morena, Antonino Morales Toledo, aseguró que esta reforma representa un gran paso para dotar a las autoridades de mayores capacidades de respuesta, privilegiando siempre la atención y protección a las víctimas.

El dictamen aprobado se remitió a los congresos de los estados a fin de que reciba el aval de por lo menos 17 legislaturas locales.