Desde la Cámara de Diputados, integrantes de la bancada y la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron que se abra una comisión especial de investigación de las presuntas irregularidades, conductas ilícitas y hasta supuestos vínculos con personajes ligados al crimen organizado, del diputado federal y vocero de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Ávila.
Los panistas dijeron tener información de extrabajadores de las empresas del diputado Ávila Anaya, incluso de diputados morenistas cuyos nombres no mencionaron, que revelan el conflicto de interés, una red de corrupción, acceso a contratos públicos “amañados” e incumplimiento de contratos que involucran al legislador señalado.
Puntualizaron que la petición se presentará a través de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, y también se hará del conocimiento de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
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El vicecoordinador económico de la fracción panista, Héctor Saúl Téllez, su compañera de fracción María Elena Pérez-Jaén, así como el vocero del PAN nacional, Jorge Triana, expusieron lo que consideraron “la trama” de corrupción y anomalías que a su criterio, envuelven al diputado Ávila Anaya.
“La instalación de una comisión especial, por la presumible presencia y consolidación de una red de corrupción, de tráfico de influencias, de contratos amañados desde el gobierno, de simulaciones de participaciones empresariales, de incumplimientos sistemáticos de estos propios contratos, de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de recursos públicos y de un claro conflicto de intereses, esto, a cargo del diputado de Morena, Arturo Ávila”, planteó Téllez Hernández.
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Nexos con el crimen organizado
Los panistas expusieron datos y una cronología de la participación del vocero morenista, al que llamaron “vocero de los moches” y “vocero de la corrupción” en Morena, en negocios a través de las empresas de las que formó parte.
Recordaron su paso por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) donde dijeron, se convirtió en “alfil” del entonces secretario Adán Augusto López, así como los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que recibieron las empresas de las cuál él y sus familiares formaron parte.
Aseguraron que el diputado Ávila Anaya tiene presuntos lazos con el crimen organizado, a través de otras encumbradas figuras políticas del partido Morena que en su momento, también ocuparon cargos públicos el sexenio anterior.
Ello, por su cercanía con el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, investigado y detenido en Estados Unidos por presunta colusión con el crimen organizado, anotaron.
También, por ser cercano al senador López Hernández que, cuando encabezó Gobernación, le dio contratos a las empresas de Ávila y familiares.
Aseguraron que los nexos del senador Adán Augusto López con el cártel de “La Barredora” en Tabasco, a través del que fue su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, hacen coparticipe al diputado Ávila que, recordaron, fue coordinador de campaña del actual legislador, cuando Morena definía su candidatura presidencial.
Ávila Anaya se convirtió en el “alfil” del senador López Hernández, enfatizaron.
Desafueros de morenistas
Cuestionados respecto a si llevarán sus denuncias contra el portavoz de Morena en San Lázaro hasta el desafuero, manifestaron que harán lo posible, tal y como se está promoviendo contra el senador Adán Augusto.
Reconocieron que en primera instancia, alguna fiscalía de justicia, sea a nivel estatal o federal deben abrir investigación contra los legisladores federales, y en consecuencia, solicitar a la Cámara de Diputados que abra procesos de desafuero.
Afirmaron que trabajarán en la sistematización de toda la información sobre las irregularidades de las que el diputado Ávila pudiera ser responsable, con el fin de presentar una denuncia formal en su contra.
La denuncia penal contra el senador López Hernández ya fue presentada, recordaron.
Reiteraron que a diario, extrabajadores y exsocios de las empresas de Ávila, así como diputados morenistas cuya identidad no revelaron, les hacen llegar datos sobre la red de corrupción que lo rodea.
El señalado estaría involucrado en acciones como simulación de competencia para obtener contratos públicos, falsedad de declaraciones, riqueza inexplicable, casos de congelamiento de cuentas de sus empresas, apertura de expedientes judiciales contra sus consorcios en cinco cuentas.
También, en incumplimiento de contratos y obtención de los mismos a través de “dádivas y moches” pactados con otros funcionarios, entre otras anomalías.
A favor de las comisiones investigadoras
Negaron que su petición sea la respuesta a la solicitud de crear una comisión investigadora de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, de la cual se acusa a actuales dirigentes e integrantes del PAN, comenzando por su líder Jorge Romero.
Aseguraron que ellos están a favor de que se conforme ese y cualquier otra instancia investigadora desde el Legislativo, a fin de esclarecer casos de corrupción, establecer responsabilidades e impedir que haya impunidad.
Sin embargo, admitieron que su propuesta difícilmente será aceptada por el bloque mayoritario encabezado por el partido Morena, que impidió la creación de grupos de seguimiento a casos como el del campo de entrenamiento del crimen organizado en Teuchitlán, el presunto lavado de dinero en dos bancos y la Casa de Bolsa Vector.