Silverio Reyes, indígena otomí, fue liberado después de casi dos años de permanecer privado de su libertad con pruebas en su contra obtenidas bajo tortura. La decisión fue tomada por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Huayacocotla, en Veracruz, Raymundo Torres Martínez, quien se pronunció en contra de este tipo de evidencias presentadas por la Fiscalía del Estado. La acusación en contra de Silverio Reyes se basó en la declaración de Diego Fernando Bonilla, quien fue torturado por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz en 2023 para que rindiera un falso testimonio, hecho que fue denunciado inmediatamente pero que no había sido investigado hasta ahora.
Este caso muestra la prevalencia del uso de la tortura en México, en particular por las policías de investigación y fiscalías que recurren a esta práctica reiteradamente: el Informe Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET, 2025), señala que el estado de Veracruz concentra 3,331 expedientes abiertos por tortura de 2018 a 2024, convirtiéndolo en la entidad federativa con más casos reportados a nivel nacional en el periodo. Las personas indígenas representan el segundo grupo vulnerable con más casos de tortura en su contra, con 819 casos a nivel nacional registrados, lo cual tiene impactos a niveles individuales y comunitarios. Esta resolución judicial contribuye a fortalecer la denuncia de Diego sobre la tortura que sufrió, la Fiscalía del Estado debe reconocer su responsabilidad institucional y actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables, y garantizar justicia tanto para Diego como para las víctimas directas de los hechos del 29 de mayo de 2023, indican agrupaciones humanitarias que han respaldado a Reyes, incluyendo al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
El Juez reconoció en la audiencia la “gravedad” de lo sucedido en contra de Diego y determinó dar vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que investigue. Además, reconoció que la Fiscalía no actuó adecuadamente a lo largo del proceso penal y señaló que se violaron los derechos a los pueblos y comunidades indígenas involucradas, al no adoptarse una perspectiva intercultural, como lo exige el marco nacional e internacional.
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La justicia sólo es posible si se reconoce la verdad, se sanciona a los responsables de esta práctica, y se adoptan medidas de no repetición para estas violaciones a los derechos, finaliza el Centro Prodh.