La Coparmex exigió que la Ley General de Extorsión, permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país.
El organismo destacó que la extorsión generó pérdidas superiores 26 mil millones de pesos en 2024, por lo que es urgente la creación de Unidades Antiextorsión y frenar las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez, afirmó que son necesarias reformas legislativas que garanticen resultados efectivos.
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Dijo que es necesaria una reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley General de Extorsión que permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país.
“Urge atender la extorsión con inteligencia, protocolos eficaces y legislación específica para frenar uno de los delitos más lesivos para las empresas. Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias”.
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El líder del sector patronal recordó que los datos oficiales reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática, pues en nuestro país cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto generó pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
Indicó que según DataCOPARMEX, el 12.8 por ciento de sus socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5 por ciento).
Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5 por ciento de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer.
Por ello advirtió que la extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad.
“La creación de Unidades Antiextorsión locales como una medida necesaria, resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata. Asimismo, coincidimos en la importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento. En particular, consideramos urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios”.
Sierra Álvarez, consideró indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales. Un solo modelo no basta para una nación tan diversa.
“La estrategia debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen. Por eso es fundamental contar con operadores del 089 capacitados en manejo de crisis, con la posibilidad de usar también canales digitales para una atención más efectiva y discreta”.
La Coparmex exigió que la Ley General de Extorsión, permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país.