Las posturas de rechazo a las reformas en seguridad e inteligencia, telecomunicaciones, búsqueda de personas y la ley de población, que hará obligatorio el registro del usuarios de chips y telefonía móvil, a través de la Clave Única del Registro de Población (CURP) que próximamente incluirá los datos biométricos, tienen detrás intereses comerciales o de otro tipo.
Así lo advirtió el integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía.
El exsubsecretario de Segueidad federal indicó que cuando ejerció ese cargo, el sexenio anterior, pudo percatarse de cómo utilizan los grupos criminales los números de prepago para delinquir y ocultar sus rastros.
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“Para que todo este 84 por ciento que representan los teléfonos de prepago no estén en este hoyo negro de no saber quién los tiene atrás, quién está atrás de una línea”, externó.
“Me tocó ver casos de secuestros donde hasta quince chips se usaban, me tocó ver cómo en Mercado LIbre compraban paquetes completos con ladas de diferentes lugares sin ningún control, todo eso se tiene que acabar. Y yo sé que detrás de toda esta oposición hay grupos de interés, hay empresas de telefonía que no están contentos”, recalcó.
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Entregar privacidad a cambio de seguridad
Mejía Berdeja desestimó las críticas de la oposición a la serie de leyes aprobadas y que implican el registro de los chips de teléfonos móviles, de manera obligatoria y utilizando la CURP, así como el acceso por parte de la autoridad de los datos de geolocalización en tiempo real de los teléfonos, con fines de investigación, prevención y persecución del delito.
Recordó que distintas instancias tanto públicas como privadas tienen todos los datos datos de la población, incluyendo los biométricos, por lo que no se trata de ninguna disposición inédita ni excesiva.
Habló de las instituciones de seguridad social, las autoridades que expiden licencias de conducir; y en el caso de los entes privados, refirió a los bancos, instituciones educativa, tiendas departamentales y al comercio electrónico.
Afirmó que vale la pena entregar a la autoridad federal los datos de todos los ciudadanos, acción que llevó a los partidos de oposición a calificar los ordenamientos como “ley espía”, a cambio de que se garantice la seguridad pública.
Para reforzar la justificación, indicó que en decenas de países en todo el mundo, los gobiernos tienen toda la información de la población concentrada en registros oficiales, para simplificar trámites, agilizar la prestación de servicios públicos y combatir la inseguridad.
“Contamos cuando menos 140 países que tenían algún sistema de registro en el tema de telefonía, entonces si queremos seguridad pues sí tiene que haber de algún modo una facilitación de tus datos y también si hay un mal uso hay instrumentos, medidas para poderlo impugnar y todo es revisarle, pero en la actual circunstancia del país consideramos que es conveniente, que es positivo”, anotó.