Los automovilistas cuyos autos presenten fallas atribuibles al fabricante y deban ser llevados al taller para reparación, deberían recibir un vehículo de sustitución con características equivalentes a la unidad, durante el tiempo que duren los trabajos referidos, planteó el integrante de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Sergio Gil.
El congresista propuso reformas a la Ley Federal del Consumidor para establecer la medida señalada como una obligación de los proveedores.
Puntualizó que la entrega del auto sustituto en préstamo o arrendamiento no tendrá cargo alguno para el usuario.
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Agregó que la disposición, en caso de ser avalada, tendrá que ser instrumentada en coordinación por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Secretaría de Economía (SE), instancias que deberán emitir los lineamientos técnicos que haya a lugar.
Agrega que los concesionarios del sector también tendrán que ajustar sus contratos de adhesión, procesos de atención y logística interna para dar cumplimiento a la regla.
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Autos sustitutos
En defensa de su propuesta, el diputado Gil Rullán recordó que los llamados a revisión y servicio por parte de los fabricantes o importadores de vehículos, a través de las distribuidoras autorizadas, para corregir fallas en las unidades o darles mantenimiento, generalmente no hay costo para el usuario.
Agregó que la PROFECO, constantemente emite alertas a los consumidores con llamados a revisión a distintos productos, incluyendo automotores, cuando éstos presentan fallas que se atribuyen al fabricante y que de no ser atendidas podrían representar riesgo para las personas.
La reparación del daño de desperfectos que se atribuyan al fabricante, no debe tener costo alguno para el usuario, ni generar otro tipo de inconvenientes como dejar al cliente sin su auto por días, semanas o meses.
Dichos desperfectos pueden afectar no sólo la economía del usuario, su movilidad y hasta sus ingresos, cuando se utiliza el auto para fines laborales o de servicios.
“El marco normativo vigente no obliga a los concesionarios a garantizar la movilidad del consumidor durante la reparación. Esto coloca a los usuarios en situación de vulnerabilidad, obligándolos a contratar transporte alternativo o rentar vehículos por cuenta propia, lo que significa una afectación a la economía familiar”, refrendó.
En consecuencia, es necesario ajustar la ley de protección al consumidor, para que éste cuente con un automóvil de sustitución que tenga condiciones y características similares a la unidad en reparación, sin costo extra y hasta que el auto en reparación salga del taller, resumió.