Los niños y adolescentes que han sido diagnosticados con diabetes tipo 1 deben tener garantía de acceso a tratamiento integral, incluyendo insulina, pidió la integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Ana González.
La congresista alertó que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, en 2024 había en el país más de 542 mil menores de edad con ese padecimiento, aunado a que cada año se registran aproximadamente 78 mil nuevos casos.
Propuso reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que será obligación del Estado proporcionar a los infantes de manera gratuita, el tratamiento y medicamentos necesarios para atender la diabetes mellitus tipo 1
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Calificó como inadmisible que la falta de insumos médicos y atención oportuna a los pacientes señalados, cobre vidas que se pueden salvar con una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades en salud y gubernamentales.
La iniciativa, implica que haya acceso gratuito a insulina y dispositivos de monitoreo para los menores que presenten la enfermedad; también a consultas especializadas y acompañamiento psicológico y nutricional; a educación terapéutica adaptada; así como equidad en el acceso a los servicios, sin importar la condición económica y ubicación geográfica de los afectados.
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Diabetes en niños y adolescentes
Al sustentar su planteamiento, González González indicó que conforme a las mediciones de la autoridad en salud y al propio titular de la dependencia federal en ese ramo, David Kershenobich, 38 por ciento de los niños que han recibido atención en salud en escuelas presentan diabetes, mientras que el 39 por ciento de los alumnos de educación básica presentan obesidad.
Subrayó que para el propio secretario de salud la situación es un problema serio por atender y por ello, se deben tomar medidas a nivel legislativo.
Recalcó que la diabetes es la principal causa de muerte en el país y se asocia con otros padecimientos como enfermedades renales y complicaciones como la amputación de miembros del cuerpo.
Ello, aunado a que la enfermedad en sí y sus efectos colaterales generan un gasto anual de 50 mil millones de pesos en el sector salud, que podrían enfocarse y utilizarse de manera más eficiente en acciones preventivas, de diagnóstico oportuno y tratamiento integral.
Pese a que se trata de un asunto grave, la atención a los pacientes desde la infancia y en zonas rurales y con algún grado de marginación, no es oportuna ni adecuada.
“El sistema de salud actual no garantiza el suministro constante de insumos esenciales, ni cuenta con un registro nacional obligatorio por tipo de diabetes, lo que limita el diseño de políticas públicas efectivas”, alertó.