En “La Otra Vía”, análisis de políticas municipales de seguridad pública 2021-2024, México Evalúa revisó ¿qué está pasando con la seguridad pública desde el ámbito local? A finales del siglo pasado, con la descentralización los municipios fueron actores claves para alcanzar el desarrollo, pues al menos en teoría son aquellos que conocen mejor los problemas reales de la población y que además cuentan con las competencias constitucionales para garantizar el bienestar cotidiano, incluyendo la prevención del delito. En el sexenio 2012-2018, el enfoque de la seguridad ciudadana que apuesta por la prevención integral de las violencias desde el ámbito local alcanzó un lugar central dentro de la agenda nacional. Sin embargo, en años recientes, la consolidación de la militarización invisibilizó a los municipios, borrándolos prácticamente de la atención pública e institucional. Esto ha tenido efectos muy negativos. Invisibiliza el comportamiento diferenciado de la violencia delictiva, dificulta los diagnósticos precisos y obstaculiza la implementación de políticas efectivas, apuntó Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad del organismo.
Con el estudio se busca visibilizar el potencial de los gobiernos locales en la prevención de la violencia delictiva; se evaluaron 31 municipios capitales para orientar la construcción de entornos más seguros desde lo municipal, añadió Vargas.
México Evalúa analizó 2,238 acciones implementadas por los gobiernos de las capitales de los 31 estados. Pese a su heterogeneidad, caben en dos grandes categorías: acciones de carácter penal (56%) y no penal (46%). A su vez, las penales se clasifican en: fortalecimiento operativo (37%) y endurecimiento de sanciones (17%). Las no penales se subdividen en: acciones de prevención social (16%), de proximidad policial (11%), de prevención situacional (11%), y de prevención comunitaria (8%).
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Se identificaron 13 municipios capitales de las entidades federativas en donde se registra la reducción acumulada de delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, feminicidio, narcomenudeo, secuestro y robos en diversas modalidades. Dichos municipios son (en orden de mayor a menor porcentaje de reducción): Tuxtla Gutiérrez, Chis. (-54.1%); Tlaxcala, Tlax. (-42.39%); Guadalajara, Jal. (-39.85%); Saltillo, Coah. (-32.54%); Colima, Col. (-30.08%); Morelia, Mich. (-27.62%); Pachuca de Soto, Hgo. (-26.98%); Durango, Dgo. (-23.70%); La Paz, BCS. (-20.25%); Othón P. Blanco, Q. Roo (-15.85%); Xalapa, Ver. (-14.57%); Cuernavaca, Mor. (-8.16%); y Toluca, Edomex. (-0.48%). El informe subraya que “no hay una fórmula única para lograr la reducción de la violencia, pero sí tres condiciones que se repiten en estos casos y que podrían conducir al éxito en otros contextos: 1) Amplias capacidades institucionales locales, 2) Coordinación política entre los niveles de gobierno, especialmente cuando hay afinidad partidista, y 3) Alta cohesión social o arraigo comunitario”, apuntó Mendoza.
“Apostamos por una visión multiregional y territorial de la violencia y profundizamos en el contexto de los casos buscando regularidades. Nuestros resultados son muy claros: Sí existe otra vía frente a la militarización en los procesos de construcción de seguridad ciudadana y cuando hay condiciones para la coordinación intergubernamental, amplias capacidades institucionales y un desarrollo comunitario bastante consolidado, la pacificación real, sostenida y desde lo local es muy plausible”, concluyó Vargas.
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Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa apuntó que en “un indicador agregado de delitos de alto impacto, el cual consideró extorsión, secuestro, feminicidio, narcomenudeo, robo de vehículos, robo a negocio y robo a transportista. 18 capitales están por encima de la media nacional, a la par que 18 municipios capitales reportaron tener incrementos en su incidencia delictiva agregada. Entre estos municipios está Oaxaca, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mexicali, Zacatecas, Guanajuato, Culiacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Campeche, Hermosillo, Chilpancingo, Tepic, Centro, Mérida y Ciudad Victoria, mientras que solamente 13 municipios lograron reducciones en su incidencia delictiva agregada, a saber, Tuxla Gutiérrez, Tlaxcala, Guadalajara, Saltillo, Colima, Morelia, Pachuca, Durango, La Paz, Otompe Blanco, Jalapa, Cuernavaca y Toluca”, remarcó.
“Entre estas capitales en donde se registró reducción de la violencia delictiva: siete capitales mostraron un sesgo en favor de políticas preventivas de tipo penal, entre estas Tlaxcala, Guadalajara, Morelia, Pachuca, La Paz, Cuernavaca y Toluca, y seis con sesgo en favor de políticas preventivas de tipo no penal, Tuxla Gutiérrez, Saltillo, Colima, Durango, Othon P. Blanco y Jalapa. Se identificó, pues, que el alineamiento partidista, la legitimidad electoral, las capacidades administrativas, la participación ciudadana y el arraigo a la comunidad son factores que producen acciones preventivas acompañadas de una reducción en la criminalidad. Es decir, es plausible pensar que la continuidad, entendida como reelección o adscripción al mismo partido, la coordinación efectiva entre el municipio, el estado y la federación, políticas combinadas entre penales y no penales, la confianza ciudadana, capacidades institucionales y contextos criminales con menor disputa, son favorables para tener mejores resultados en la contención de la incidencia delictiva”, recalcó Mendoza.
“Puntualmente, nuestros hallazgos fueron, uno, que no hay una única fórmula para reducir la violencia delictiva. Dos, que establecer estrategias mixtas entre políticas preventivas de tipo penal y no penal parece brindar mejores resultados. Por otra parte, las capacidades institucionales, el contexto local y la coordinación son determinantes para el éxito de las políticas. Y finalmente, que los municipios con reducción delictiva suelen tener continuidad administrativa, coordinación intergubernamental, arraigo comunitario y una criminalidad acotada. Es decir, no se trata de replicar fórmulas, sino de entender condiciones. Lo que funciona en Saltillo no necesariamente tendría por qué funcionar en Jalapa o Tlaxcala”, detalló Mendoza.
“La finalidad de este trabajo es discutir la relevancia de los municipios como figuras centrales en la construcción de condiciones de paz y seguridad y exponer que existen alternativas a la militarización de la seguridad pública. ¿Por qué estos municipios? Bueno, porque funcionan como centros neurálgicos de la actividad política, económica y social de sus respectivas zonas metropolitanas y de su entidad federativa, es decir, concentran población, actividad económica y presencia institucional, además de ser nodos estratégicos para observar patrones de criminalidad y también respuestas gubernamentales”, resaltó Mendoza.
“Colectamos más de 2 mil acciones de gobierno, de las cuales, 54% fueron de tipo penal. Estas acciones se distribuyeron en dos grandes bloques, 36.86% orientadas al fortalecimiento operativo, es decir, hacia la compra de vehículos para patrullaje, armamento o equipamiento para los elementos policiales y 17.38% al endurecimiento de sanciones, es decir, multas elevadas por infracciones cívicas o suspensión de permisos y licencias”, detalló Mendoza.
“Por otra parte, 46% fueron acciones no penales. 15.59% estuvieron orientadas a la prevención social. Ejemplo de esto son la atención psicosocial a víctimas o cursos de capacitación para el empleo. 10.94% estuvieron orientadas a la proximidad policial, es decir, a visitas policiales casa por casa o seguimiento domiciliario a hogares con reportes de violencia. 10.85% a la prevención situacional, es decir, acciones como la instalación de luminarias o recuperación de espacios públicos y 8.35% a la prevención comunitaria, es decir, la conformación de comités escolares, vecinales y conlocatarios o actividades culturales y recreativas en colonias prioritarias”, remarcó Mendoza.
Este estudio “propone una ruta distinta a lo instituido hasta el día de hoy para mejorar las condiciones de seguridad en los centros neurálgicos de las entidades federativas: reinstalar al municipio como protagonista en la construcción de condiciones de seguridad; superar la dependencia de las Fuerzas Armadas y apostar por la profesionalización de la policía local. Invertir en prevención no penal, es decir, en política social, comunitaria y de proximidad. Y diseñar estrategias multiescalares que reconozcan que no hay seguridad sin comunidad”, abundó el investigador de México Evalúa.
“Puntualmente y por orden de gobierno, diríamos que al nivel federal le toca contener la agenda en favor de la militarización, evaluar y restituir fondos para poder apoyar a los municipios. Dos, a nivel estatal, profesionalizar, coordinar y apoyar técnicamente a los municipios. Y al nivel municipal le toca trabajar con un enfoque integral de proximidad y con transparencia. Entre los próximos pasos que esta investigación deja al descubierto es que deberíamos avanzar en analizar los efectos del financiamiento y la duración de este sobre las capacidades que los municipios muestran. Por otra parte, analizar la continuidad de las políticas. Tres, agregar técnicas de investigación cualitativa para una mejor comprensión del fenómeno en territorio y avanzar hacia la identificación de relaciones causales”, abundó.
“La otra vía no es un eslogan, sino una propuesta fundada en evidencia. Es una oportunidad para construir seguridad no desde la excepción, sino desde las regularidades. Así como para visibilizar el potencial de los gobiernos locales en la construcción de condiciones libres de violencia delictiva”, finalizó Mendoza.