El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2025 (CNSIPEF-E), que revelan datos clave sobre el funcionamiento del sistema penitenciario mexicano durante 2024.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que el 36.3% de las personas privadas de la libertad al cierre del año no contaba con una sentencia, lo que refleja un reto persistente en la administración de justicia en el país.
De los 236,773 internos registrados en centros penitenciarios y especializados, 63.7% tenía sentencia y 36.3% no. La proporción fue mayor en los centros estatales, donde el 37.3% no estaba sentenciado, frente al 26.7% en centros federales.
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Por sexo, el 46.3% de las mujeres privadas de libertad no había recibido condena, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 35.7%. Aunque en general hubo una ligera disminución respecto a 2023, los datos indican que casi cuatro de cada diez personas permanecen en prisión preventiva.
Aumenta el presupuesto, pero persisten problemas estructurales
Durante 2024, el presupuesto total ejercido en los centros penitenciarios federales y estatales ascendió a 43,871.4 millones de pesos corrientes. En términos reales (precios constantes de 2018), fueron 32,487.8 millones, lo que representa un aumento de 54.6% en comparación con 2017. Pese a este incremento, los niveles de hacinamiento y la alta proporción de personas sin sentencia demuestran la necesidad de replantear la estrategia penitenciaria.
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La tasa nacional de ocupación fue de 102.9 personas por cada cien espacios disponibles. El Estado de México y Nayarit registraron las cifras más altas, con una sobreocupación de 238.8 %, mientras que Colima y Campeche presentaron los niveles más bajos.
Mujeres encarceladas y maternidad: cifras que exigen atención
En 2024, se contabilizaron 104 mujeres embarazadas privadas de la libertad, 160 en periodo de lactancia y 307 que vivían con sus hijas o hijos menores de seis años dentro de los centros. De estos niños, el 42.1 % tenía menos de un año, lo que subraya la urgencia de garantizar condiciones dignas y adecuadas para esta población en situación vulnerable.
Los datos del INEGI reflejan un panorama complejo y subrayan la importancia de avanzar en políticas públicas que fortalezcan el acceso a la justicia, disminuyan el uso excesivo de la prisión preventiva y garanticen los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.