Organizaciones dedicadas a las infancias y activistas independientes advirtieron que en América Latina y el Caribe prácticamente todos los gobiernos, sin importar su origen ideológico, ofrecen a la ciudadanía “mano dura” como política para atender la violencia e inseguridad, lo cual calificaron como “simplista”.
En el caso de México la militarización se ha profundizado en los últimos siete años, pese a que el gobierno en turno prometió en campaña el retiro de las calles y el regreso de los militares a los cuarteles, expuso Santiago Aguirre, ex director del Centro Agustín Pro.
Ello, explicó, responde a la percepción de inseguridad y temor que tiene la población y que ve como opción a su problemática al “populismo penal” mediante el que ofrecen aumentos a penas, restricciones procesos judiciales e incluso se acotan poderes como el judicial.
“Y así que igual poder en el 2018, el partido que hoy gobierna, Morena que ocupa el espectro político hacia la izquierda y aunque en campaña se prometió retirar al ejército de las tareas de seguridad pública, lo que hemos tenido en los últimos siete años, ha sido una militarización más profunda que nunca, que se ha realizado con una muy escasa oposición, en la que prácticamente nos hemos ido, quedando solos los organismos de derechos humanos, frente a una clase política que cambió de posiciones para la pragmáticamente y un electorado que ha ido premiando el endurecimiento de las políticas en materia de seguridad”, dijo.
Durante el webinar “Otros Futuros Posibles para Infancias y Juventudes en Escenarios de Militarización y Violencia Armada”, el especialista independiente recordó que la militarización no es una política pública de seguridad para disminuir la violencia, pues en el país la tasa de homicidios prácticamente se triplicó al pasar de ocho homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007 a 27 por cada 100,000 habitantes, en 2011.
A ello se suman que la asignación de tareas de seguridad pública a fuerzas castrenses ha derivado en casos de violaciones a derechos humanos, tortura, ejecución, extrajudiciales, así como policías que también incurren en estas acciones.
En este sentido puntualizó que las infancias y juventudes también se ha visto afectados de manera diferenciada infancias y juventudes, pues existen casos documentados de ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas que han quedado en medio del fuego criminal y del fuego militar, ejecuciones extrajudiciales contra niñas del ejército que abre fuego contra los vehículos en que se transportan por confundirlos con vehículos de la criminalidad, “el más reciente caso, hace un mes y medio en Sinaloay otros, donde los jóvenes son perfilados por su apariencia, y por el color de su piel, por la vestimenta que portan como integrantes del crimen organizado por los militares que en ese contexto les detienen arbitrariamente y les someten a un proceso fabricando pruebas o sin ellas”.
Ante este escenario se pronunció a favor de seguir hablando de la militarización y el riego que implica para niñas, niños y jóvenes e imaginar otros futuros posibles con Politicas de Seguridad ciudadana basadas en evidencia, sujetas a controles que puedan mostrar realmente una alternativa frente a la militarización para hacer frente a la gobernanza del crimen que se ha ido extendiendo en bases regiones de América Latina.
Consideró que es imprescindible descentralizar este debate de seguridad pública y darles voz a quienes en entidades como Sinaloa, Guanajuato, Colima y Zacatecas se han visto afectados por la violencia e inseguridad.
“Y si uno ve la prensa nacional poco hay de presencia para esas voces y creo entonces que es importante descentralizar estas discusiones y bueno creo que no hay que cansarnos en tratar de generar argumentos sobre cómo las políticas de de mano dura no son las solución, desde una perspectiva que sea un poco más empática con quienes hoy ven en esas políticas una solución por vivir en ciudades que están bajo la gobernanza criminal absoluta”, comentó.