Pospuesta Cívica lanza desde este verano 2025 su “Censurómetro”, una radiográfia mensual que toma el pulso a la libertad de expresión en México; se rastrearán reformas legales, decisiones judiciales, declaraciones oficiales y hechos de violencia que afectan el derecho a informar y ser informado. Así, del 1 de junio al 9 de julio, la agrupación ya califica a junio 2025 como el “mes de la censura institucionalizada y amenazas contra periodistas”.
En junio e inicios de Julio pasados, Pospuesta Cívica dice que “se encendieron las alarmas” en Puebla y Campeche. En el caso de Puebla, su Congreso aprobó reformas al Código Penal para tipificar el delito de ciberasedio; la Ley de Ciberseguridad, llamada “Ley Mordaza” advierte que: usar redes sociales para “insultar, injuriar, ofender o vejar” a cualquier persona, se castigará con penas de hasta tres años de prisión y multas severas. Este recursos “podría utilizarse para criminalizar críticas legítimas y podría afectar el trabajo de periodistas y activistas”, agrega la agrupación.
En Campeche el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, fue vinculado a proceso por “incitación al odio y violencia de género” en contra de la gobernadora Layda Sansores, por una columna anónima del diario Tribuna. Jorge Luis González negó ser autor de dichos textos, pero desde el 9 de julio pasado tiene prohibido ejercer el periodismo por dos años, además se clausuró su medio digital y recibió una multa millonaria. Reporteros Sin Fronteras calificó al caso como “persecución judicial”; sin embargo, el periodista apeló y el Tribunal Colegiado suspendió las medidas cautelares por determinar que son “excesivas”. González Valdez comentó que “esta decisión contribuye a que haya frenos y se termine con los abusos de autoridad”.
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También se suman las denuncias contra los periodistas Héctor de Mauleón y el veracruzano Ángel Camarillo y en contra de medios como Código Magenta. Además de las resoluciones judiciales contra las ciudadanas Karla Estrella y Laisha Wilkins. En la mayoría de estos casos hay denunciados “por violencia política en razón de género”. Opinión 51 expresó su preocupación por el uso de mecanismos institucionales contra periodistas, columnistas y ciudadanos.
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A nivel nacional, agrega Propuesta Cívica, dos reformas aprobadas en junio pasado, han generado polémica. Sobre la Ley de la Guardia Nacional y la Ley en Materia de Telecomunicaciones. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales denunciaron que estas reformas pueden provocar inminentes violaciones a los derechos humanos; la Ley de la Guardia Nacional “legaliza la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles para estas atribuciones. Sin ningún filtro esto podría usarse de forma inadecuada para investigar a periodistas y personas defensoras en riesgo”.
En el caso de la Ley en Materia de Telecomunicaciones, fue ampliamente criticada por la posibilidad de que profundice el sistema de vigilancia y se generen violaciones a la privacidad, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real, sin especificar cuáles son las autoridades facultadas para ello. El mal uso de estas herramientas podría poner en riesgo la privacidad y el trabajo de activistas y periodistas. Por otro lado uno de los puntos que generó preocupación fue el artículo 109 del dictamen, el cual facultaba al gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales. Este artículo finalmente fue eliminado luego de la presión para ajustar la reforma.
En respuesta el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña, rechazó que dicha ley tenga el propósito de censurar o espiar.
Asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas
Dictámenes y prácticas abusivas de algunos elementos legales han generado un ambiente hostil para la libertad de expresión. De no atenderse las preocupaciones en torno a la potencial censura, esto podría convertirse en una práctica convencional para silenciar voces incómodas desde el Estado, en completa impunidad.
Finalmente, Propuesta Cívica pide poner especial atención al uso de estos recursos legales, evitando la censura previa y las represalias derivadas del derecho a informar, y defendiendo siempre a la libertad de prensa como derecho fundamental para una sociedad democrática.